"Estamos arreglando el desaguisado que dejó el PP"
Dirige una empresa a la que los políticos no le quitan el ojo. Como cabeza visible de la radio y televisión públicas, Benigno Sánchez (Rábade, 1957) asume "con deportividad" las presiones políticas y no considera "un lastre" haber sido nombrado por el Gobierno. Estos días se mueve en un ambiente muy caldeado. El PP se niega a aprobar una convocatoria de oposiciones que pretende regularizar la situación de centenares de personas que trabajan en los medios públicos con contratos temporales desde 1992, la última vez que se celebraron pruebas. Los empleados de la CRTVG se suben por las paredes.
Pregunta. ¿Cómo se ha llegado a que el PP vete estas oposiciones?
Respuesta. La situación está inesperadamente caldeada, nadie podía prever que llegaríamos a esta situación. La convocatoria de la oferta pública de empleo está íntimamente ligada también a la aprobación del convenio colectivo, tal y como pactamos con los trabajadores y que fue refrendado por las consellerías de Economía y de Presidencia. Lo último que faltaba era la aprobación del consejo de administración, donde nunca se había producido una situación de desencuentro tan importante. Desde junio el PP fue informado regularmente del proceso negociador y nunca puso objeción. Nadie podía sospechar lo que iba a hacer en el último momento.
"En los informativos de ahora hay menos Gobierno y más oposición"
"El del ex secretario de Vicepresidencia fue el único desencuentro con la Xunta"
"Un tercio de la programación de la anterior TVG eran telenovelas"
"Nuestra ilusión sería que el segundo canal empezara el 24 de julio de 2008"
"La televisión y la radio públicas le cuestan a cada gallego 39 euros al año"
P. ¿A qué achaca este movimiento sorpresa?
R. Lo debe explicar el PP.
P. ¿Qué sospecha usted?
R. Prefiero no hacer hipótesis porque mi obligación es intentar mantener los puentes con el PP para que se desbloquee la situación. Pero yo creo que ha habido claramente una directriz política de la dirección regional para desautorizar a los tres miembros del consejo de administración propuestos por el partido que el 12 de diciembre llegaron a un acuerdo para aprobar la convocatoria. Lo que piden está recogido en ese acuerdo.
P. ¿Qué va a hacer para resolver el bloqueo?
R. Desde que asumí esta dirección general la base de mi actuación ha sido el diálogo. Esa línea la mantengo abierta. Pero el PP tiene que concretar por qué ha desautorizado a sus consejeros y explicar qué diferencias mantiene con lo que sus consejeros aprobaron.
P. Y si el PP no levanta el veto, ¿qué ocurrirá?
R. El PP necesariamente tiene que cambiar de posición y les ofrezco toda mi capacidad de diálogo. Lo otro es algo que no conduce a ningún sitio. Estamos intentando resolver un problema que no hemos creado nosotros. La compañía tiene 550 trabajadores fijos y 400 temporales (algunos desde hace 18 años). Queremos solucionar esto con un proceso de consolidación de empleo, un concurso-oposición en el que la gente que lleva más tiempo trabajando en la compañía tiene más oportunidades. Estamos intentando arreglar el desaguisado que dejó el PP y resulta inexplicable que los populares se nieguen.
P. ¿No es un descrédito para la radio y televisión públicas que haya tanta implicación de los partidos en su funcionamiento?
R. Es lógico que haya un control político por parte del Parlamento y un control de gestión por parte del consejo de administración, que también es de extracción política porque lo designa el Parlamento. Ese esquema de trabajo para una empresa de comunicación pública es correcto.
P. ¿Pero también es lógico que los consejeros elegidos por el Parlamento sean concejales, ex conselleiros y diputados? El Estatuto dice que deben ser profesionales del sector designados por los partidos.
R. Sobre eso tengo poco que decir porque es una decisión del Parlamento.
P. ¿Qué le parece el retraso en la reforma de los medios públicos prometida por el bipartito?
R. Está incluida en el acuerdo de gobierno y el tiempo lo tiene que manejar el Gobierno. Es inconcebible que lo quiera manejar el PP, porque en ninguna comunidad de las que gobierna hay iniciativas para reformar los medios públicos como las que pide aquí. Tuvo 16 años para hacerlo. Es más coherente la posición del PSOE y del BNG.
P. ¿Dará tiempo a aprobar esa modificación en dos años?
R. Sí. La voluntad decidida del Gobierno es que esa reforma se acometa en esta legislatura.
P. Entonces su diseño empezará en breve.
R. Touriño ya ha dicho que entrará en el Parlamento en 2008 y en dos periodos de sesiones dará tiempo a tramitarla. La reforma no debe quedarse en establecer que el director general de la compañía sea designado por el Parlamento. Debe verse la posibilidad de convertir el ente en una corporación de derecho público. Hay que repensar la financiación y estudiar mecanismos como el contrato-programa, con periodos plurianuales de presupuestos. El consejo de administración debe ser más ejecutivo, donde sus miembros se encarguen de áreas concretas de gestión y no sólo de control.
P. ¿Cree que le sería más fácil su papel si hubiera sido designado por el Parlamento y no por la Xunta?
R. No es un lastre haber sido nombrado por el Gobierno. Se me ha encomendado una tarea de transición hacia un nuevo modelo de los medios públicos. Se ha acometido un profundo saneamiento interno de la compañía y hemos recuperado la credibilidad pública de la radio y la televisión. Los nuestros son los informativos más vistos en la comunidad. Están muy por encima de la media de audiencia de la cadena y superan en cuatro puntos los de octubre de 2005.
P. Esos informativos han recibido críticas desde dentro de la Xunta. La parte nacionalista dicen que perjudican la imagen del vicepresidente Quintana.
R. Es inevitable que en los medios de comunicación públicos, incluso en los privados, alguien piense que sale poco y que debía salir más. Tengo que encajar con deportividad esas críticas. Mi trabajo es cumplir la legislación y los criterios que establece sobre la presencia de cada fuerza política en los informativos. No lo estamos haciendo mal, aunque haya críticas.
P. ¿Cómo lleva las presiones políticas?
R. Desde el Gobierno no hemos tenido ningún desencuentro importante salvo el que es de todos conocido, el provocado en agosto por las llamadas a TVG del ex secretario general de Vicepresidencia . Fue un momento difícil, pero no ha habido más. Hemos tenido autonomía plena. P. ¿Qué diferencia hay entre la televisión de la Xunta del PP y la actual? R. Nuestra televisión refleja lo que es este país, su pluralidad. En los informativos hay menos gobierno y más oposición que entonces. Un tercio de la programación diurna de la anterior TVG eran telenovelas y había cero minutos de programación cultural frente a los 430 minutos semanales de ahora. P. Los populares protestan públicamente, pero no sé si en privado le confiesan que se sienten mejor tratados que la anterior oposición. R. No es infrecuente que reciba ese tipo de comentarios. P. Parte de los informativos de TVG los realizan periodistas contratados por productoras privadas. ¿Piensa cambiar esto? R. Eso nació así con la propia televisión y no tengo intención de variarlo. No perjudica al canal. P. ¿No compromete la independencia de los informativos? ¿No expone a los periodistas a presiones? R. No, son profesionales como los que tenemos en San Marcos, con plena autonomía. P. Es más fácil despedirlos si son molestos. R. No percibo ese problema en este momento. P. ¿Para cuándo el segundo canal de TVG? R. Nuestra ilusión sería que empezara el 24 de julio de 2008. La programación cultural, infantil, juvenil, deportiva e informativa tendrán en él una gran preponderancia. Se hará una oferta renovada del primer canal porque hay muchos programas de servicio público que éste no se puede permitir por razones comerciales. Cuando se produzca el apagón analógico en 2010 tendremos dos canales más y en breve comenzaremos el proceso de reflexión sobre qué programación se ofertará en ellos. P. ¿Hay dinero para todo esto? R. El segundo canal no tiene por qué costar mucho más. La televisión y la radio públicas de Galicia no son caras, le cuestan a cada gallego 39 euros al año.
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