Firmas con dinero del Ejecutivo que compiten con el sector privado
Mataderos (Gurokela), acero (ACB), generación electrica (Naturgas), energía (Bahía Bizkaia Gas), telefonía (Euskaltel)... El dinero público vasco se halla extendido en la tupida red de empresas. Las sociedades y las fundaciones con capital del Ejecutivo cuentan a su vez con participaciones cruzadas en otras sociedades que tejen una compleja maraña de intereses. Resulta difícil conocer la necesidad real de impulsar o no este tipo de proyectos, muchos de los cuales compiten con las empresas privadas."Hay una competencia desleal hacia el sector privado, que, además, está muy subvencionado", señala Joana Madrigal, parlamentaria socialista y responsable de asuntos económicos de su partido. Una idea similar defiende el popular Anton Damborenea. Madrigal demanda que el Tribunal Vasco de la Competencia deje de depender del Gobierno y asuma sus funciones de una forma real. El PSE ha presentado una proposición no de ley en este sentido para reforzar el control de esta competencia, que considera no acorde con las reglas de la Unión Europea.
El parlamentario popular apunta también que hay actividades que deberían ser propias de la Administración, como la inspección, que se están delegando en estas sociedades y fundaciones. Así, recuerda que su formación lleva tiempo demandando a Javier Madrazo, consejero de Vivienda y Asuntos Sociales y "que se dice de izquierdas", un servicio público de inspección de vivienda, que tiene en una de las sociedades del departamento."Hay una clara privatización de servicios", asegura Damborenea en clara coincidencia con lo que los sindicatos han apuntado de forma reiterada.
Tribunal de Cuentas
En todo este escenario el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas está llamado a jugar un papel de mayor control. Por mandato parlamentario, deberá realizar desde ahora informes de fiscalización de estas compañías ligados al presupuesto y en el curso del mismo ejercicio en que se auditen las cuentas. Hasta el momento realizaba un informe global sobre sociedades, organismos autónomos y entes, el último de ellos de 2004. Madrigal censura la dispersión y falta de oportunidad de este material.
Pese a todo, el informe de 2004 constata abundantes irregularidades en la contratación de personal. Así, alerta, por ejemplo, de la falta de publicidad que no permite la igualdad de concurrencia de los ciudadanos a esos empleos.
