Miseria del debate público

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, opinaba días atrás que la televisión pública valenciana debía exhibir los rutilantes estrenos operísticos del Palau de les Arts y no las imágenes impresionantes de ese mismo coliseo anegado por las aguas que se le filtraban tumultuosas en auditorios y sótanos. Él sabrá qué incompatibilidad hay en divulgar unas y otras siendo así que ambas son noticia. Pero lo cierto es que la TV autonómica no ha optado por informar, sino para adular al Gobierno y edulcorar la realidad aunque para ello haya que deformar o secuestrar los hechos. En este capítulo apenas si se ha avanzado un paso con respecto a la concepción franquista de la prensa como mero trasunto de la propaganda. Una vieja hipoteca que se prolonga y aun se agudiza por la profusión de medios -radios y televisiones- deudoras o militantes del partido -éste y el otro- gobernante que las ha habilitado.

La TV autonómica no ha optado por informar, sino por adular al Gobierno

Asuntos de interés general no suscitan la disputa o el contraste merecido

Nada que no se sepa. Puede incluso decirse que nos hemos familiarizado con este expolio que ha convertido los medios de titularidad pública -Canal y Radio Nou- en un botín partidario y un arma privilegiada de condicionamiento social y promoción electoral permanente. Una perversión democrática que, entre otras consecuencias, se ha traducido por estos pagos en una contribución decisiva a la atonía cívica y social perceptible a poco que se tome el pulso al vecindario. No toda la culpa es de la tele, claro está, pues un buen fardo corresponde a los partidos políticos de la oposición, tan desvaídos y fragmentados, pero sí hay que endosarle a la pequeña pantalla y a sus gestores el clima generalizado de indiferencia y tradicional menfotisme en orden a los problemas antiguos y nuevos que nos incumben. Es la calma chicha y acrítica tan propicia al PP como propiciada por sus dirigentes.

Ahora estamos ya metidos en el fandango preelectoral y todo cuanto dicen o hacen los partidos y el Gobierno y se proyecta en la calle viene teñido por la cita con los comicios de marzo. Esa perentoriedad podría explicar la pobreza y a menudo el dislate del discurso público en este momento y hasta que se cuenten los votos. Lo grave es que no se trata de un paréntesis provisional, sino de un clima social, intelectual, mediático y poco menos que crónico por tan prolongado y que nos aboca mayoritariamente a la apatía o a la majadería. Que media docena de cabeceras periodísticas y televisiones locales no hayan renunciado a su vocación y libertad de criterio no deja de ser una excepción, pero insuficiente para animar y darle tono a un debate que por todos los medios -y nunca mejor dicho- se quiere ahogar en su raíz.

Pero ilustremos estas observaciones con el ejemplo de algunos asuntos de interés general y aún primordial que ni de lejos han suscitado la información, disputas o contraste de pareceres merecido. Por ejemplo, decimos, la política territorial y urbanística, de cuyo diseño no hemos sabido otra cosa que sus delitos o delirios consumados; o los déficit culturales de este país, que los tiene y notorios, por no citar el desguace de la política cultural perpetrado ahora con la neutralización de la consejería correspondiente, ayuna de dineros y de proyectos; o la crisis industrial, por la que hemos transitado sin darle tres cuartos al pregonero; o las insuficiencias docentes, de las que se da por sentado que no existen o no hay que someterlas a escrutinio y valoración; o, por no extendernos más, la misma falta de pluralismo informativo y apropiación de RTVV que tanto dice o desdice acerca de la calidad democrática al uso.

¿Cómo han tratado estos y otros asuntos similares la radio y TV autonómicas? ¿Se le ha dado cuartel a la oposición y a las opiniones discrepantes? Es obvio que no los ha abordado, o lo ha hecho pasando de puntillas sobre la nuez del problema y mediante personal de la casa o asimilado, pero en todo caso sin la menor vocación de aflorar puntos de vista contradictorios para que el vecindario pueda elaborar su propio criterio y no proceder como un colectivo lobotomizado, como apunta el psicólogo de la comunicación de masas, Luis, V. Alemany. Puede argüirse a lo aquí dicho que, en palabras de veterano dirigente del PPCV, lo que aquí denunciamos no es distinto de cuanto acontece en la Andalucía de Manuel Chaves. Así será, pero presiento que tal homologación no ha hacerle ninguna gracia al presidente Francisco Camps, tan liberal él.