La Constitución, en vísperas de reforma

Dice el senador del PP Manuel Fraga, uno de los autores de la Constitución de 1978, que "considerar una Constitución como algo intocable es la mejor manera de luchar contra ella". Han pasado 29 años y los grandes partidos perciben algunos problemas en el Estado que podrían solucionarse con cambios en el texto. El PSOE ya propuso al principio de esta legislatura varias reformas constitucionales que no se materializaron, como la reforma del Senado para reforzar su carácter territorial; eliminar la preferencia del varón en la sucesión al trono; e incluir los nombres de las comunidades autónomas en la Carta Magna.

El PP también incluirá varias reformas en su programa electoral. La principal, que se pueda recurrir con carácter previo algunas leyes básicas como los Estatutos de autonomía, algo que, por ejemplo, habría impedido que el de Cataluña entrara en vigor antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. También propone que los magistrados del TC conserven su cargo hasta la jubilación, y que la Constitución fije las competencias irrenunciables del Estado. Estas son las propuestas, ahora sólo falta el consenso.

EL PAÍS ha pedido a cuatro catedráticos de Derecho Constitucional que opinen sobre estas reformas, muchas de ellas viejas ideas que nunca han llegado a materializarse.

Reforma del Senado

Gerardo Ruiz-Rico. Sin duda, me parece una de las reformas más necesarias y totalmente coherente con la propia definición que hace nuestra vigente Constitución del Senado como Cámara de representación territorial. Podría servir además para fomentar la cooperación leal entre Estado y Comunidades Autónomas.

Pedro González-Trevijano. Es la reforma institucional pendiente más importante. El asunto verdaderamente complejo consiste en la modificación de su procedimiento de elección, ya que éste afecta a la representación particular en la Cámara Alta de cada formación política. Esta es, con certeza, la gran dificultad para ello.

Enoch Albertí. Es necesario reformar la configuración constitucional del Senado (composición, funciones y relación con el Congreso de los Diputados), para asegurar que pueda cumplir con la función de representación territorial. Esta es probablemente la gran tarea pendiente del desarrollo del Estado autonómico, imprescindible para una mejor articulación entre los diversos niveles de gobierno.

José Luis Cascajo. Esta vieja propuesta padece ya de una cierta inutilidad sobrevenida. La forma territorial del Estado español requiere de medidas de más calado y alcance que la sola modificación de una de sus instituciones. De forma inmediata, no veo un posible acuerdo entre las fuerzas políticas. Mientras tanto, pueden ser bienvenidas medidas para acentuar la clave territorial de sus competencias y su consideración como espacio de concertación y cooperación de las comunidades autónomas, entre sí y con el Estado.

Citar el nombre de las comunidades autónomas

Gerardo Ruiz-Rico. Necesario por un doble motivo. Primero, adaptaría la Constitución a la realidad actual del Estado autonómico español. Y segundo, garantizaría la estabilidad del mapa autonómico, bloqueando así cualquier intento de "fusión" entre comunidades sin una previa reforma constitucional.

Pedro González-Trevijano. Una cuestión con escasa relevancia constitucional, pero que políticamente puede estar justificada. Entiendo que han de ser citadas sólo las denominaciones, sin pretensiones etéreas de perfiles políticos vagos y discutibles.

Enoch Albertí. Esta es, contra lo que pudiera parecer a primera vista, la reforma más compleja y de mayor calado de las propuestas inicialmente por el presidente del Gobierno, porque la denominación expresa de las CC AA en la Constitución tiene importantes implicaciones, que afectan al principio dispositivo con el que se ha construido el Estado autonómico y el grado de cierre o apertura del propio sistema. Además, la mención de las comunidades debería ir acompañada de la previsión de un procedimiento de revisión de los límites territoriales de las actuales CC AA.

José Luis Cascajo. La propuesta no eliminaría el principio dispositivo que permite configurar, a voluntad de las comunidades autónomas, elementos capitales del Estado. Como es bien sabido, este es el elemento que más puede distorsionar nuestra peculiar constitución territorial. Además, esta tímida propuesta, superada ya por los recientes procesos estatuyentes, no parece estar en sintonía con la música de fondo que subyace en los nuevos Estatutos.

Eliminar la preferencia del varón en la Corona

Los cuatro catedráticos coinciden en que es absolutamente necesario eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Pero, también, en que no es urgente ya que está solucionada la próxima sucesión de don Juan Carlos. González-Trevijano matiza que, en todo caso, es necesario que quede establecida expresamente la actual condición de heredero del Príncipe de Asturias.

Recurso previo de inconstitucionalidad

Gerardo Ruiz-Rico. La manipulación política del recurso previo provocó su desaparición. Este riesgo siempre podrá existir si se vuelve a implantar. En todo caso, no sería partidario de introducirlo contra leyes orgánicas; quizás sí para proyectos estatutarios que requieran un pronunciamiento del electorado de la comunidad autónoma.

Pedro González-Trevijano. La experiencia constitucional última podría justificar establecer el recurso previo de inconstitucionalidad para el caso de los Estatutos de Autonomía, dada su dimensión vertebradora del modelo territorial del Estado y las desacertadas consecuencias a que puede llevar la entrada en vigor de un Estatuto declarado con posterioridad inconstitucional. En cualquier caso, habría de fijarse un plazo no excesivamente largo para que el Constitucional fallase sobre el recurso.

Enoch Albertí. La experiencia pasada demostró que puede convertirse en un instrumento para paralizar la labor de las Cortes. Cabría más bien reflexionar sobre el sentido democrático que tiene que el TC pueda pronunciarse sobre una ley aprobada mediante referéndum popular, además de las Cortes y el Parlamento autonómico.

José Luis Cascajo. No parece muy serio estar quitando y poniendo competencias a un órgano constitucional, en función de cada coyuntura política. De este modo se alimenta la sospecha de que no hay interés real por robustecer una institución que opera como último árbitro de la política constitucional.

Mandato hasta la jubilación en el TC

Gerardo Ruiz-Rico. Me parece que un mandato como el actual, de nueve años, en los magistrados del Constitucional es más que suficiente para garantizar que no se produzca un distanciamiento excesivo de este tribunal con respecto a la evolución y sensibilidad de la sociedad.

Pedro González-Trevijano. La medida parece razonable para preservar, aún más, la ineludible independencia institucional así como la serenidad para resolver los asuntos del tribunal y de sus respectivos magistrados.

Enoch Albertí. Sería conveniente repensar la forma de designación de los miembros de algunas altas instituciones. Sin embargo, esta medida aislada no sólo no resolvería los problemas que hoy se plantean, sino que incluso podría agravarlos.

José Luis Cascajo. A la vista de los últimos acontecimientos que están afectando gravemente al TC, no sabe uno si calificar la citada propuesta de cínica o de ingenua. Porque la cuestión no está en la duración del mandato, sino en tener la suficiente cultura política e institucional para proponer a magistrados considerados como indiscutibles y después dejarles actuar.

Blindaje de las competencias del Estado

Gerardo Ruiz-Rico. Al igual que sucede con el pretendido blindaje de las competencias autonómicas que se intentó con el Estatuto catalán, me parece muy difícil. Creo que debe ser el máximo intérprete de nuestra norma fundamental el que tiene que seguir estableciendo la frontera y el núcleo de las competencias estatales y autonómicas.

Pedro González-Trevijano. Es ineludible cerrar el modelo de Estado, pero para ello ha de ser el propio texto de la Constitución el que blinde las competencias estatales, de suerte que no puedan ser alteradas por reformas estatutarias inadecuadas. Ésta es la gran reforma pendiente y necesaria, propugnando paralelamente medidas de cooperación e instrumentos federalizantes para una mejor cohesión y eficacia del sistema.

Enoch Albertí. El Estado dispone ya de una lista de competencias reservadas por la Constitución (art. 149.1). Eliminar la flexibilidad actual e introducir rigideces sólo puede encorsetar el modelo territorial español e impedir su capacidad de adaptación a las circunstancias.

José Luis Cascajo. No parece que pueda arreglarse, a golpe de competencias, un eventual déficit en el sentimiento de pertenencia a una comunidad política común: la nación española. Más allá de toda posible estratificación federal en el reparto de competencias, es indispensable un sentimiento de cohesión y de comunidad, una disposición a integrarse que consienta relativizar los conflictos de intereses.