El concierto del transporte escolar en Valencia pende de un tribunal

La batalla por la concesión del transporte escolar en la provincia de Valencia -un concierto licitado por lotes que asciende a 72 millones de euros (12.000 millones de pesetas) y cubre 218 rutas escolares- pende de un hilo. Tres microempresarios de vehículos que realizan el transporte público regular en la deprimida zona rural de las comarcas de interior del Valle de Ayora, Cofrentes, Utiel y Requena -pertenecientes a la patronal Adiva- denunciaron la resolución del 27 de diciembre de 2006 de la Consejería de Educación que declaró desiertos 9 de los 12 lotes, y adjudicó el resto a sus competidores de Uvatra.

Educación ha sido acusada de "no aplicar un decreto autonómico de Transportes", que defiende "el derecho de preferencia" de quienes cubrían las rutas del servicio público regular en zonas de "tráfico débil" en "concursos públicos de uso especial" como el transporte de escolares. Se trata del decreto valenciano 44/221 que ampara a los empresarios de rutas débiles para concursar en la concesión escolar, siempre que no haya coincidencia de vehículos y conductores, pero obligándoles a competir en igualdad de condiciones que fija el pliego respecto en materia de antigüedad de la flota, seguros, ITV y demás.

El papel jugado por Educación (en concreto, la Dirección Territorial y la de Enseñanza y Centros que tienen la voz cantante en la mesa de contratación) y por la Abogacía General de la Generalitat que -contra el criterio de los técnicos de la Consejería de Transportes que defendieron hasta el final "el derecho de preferencia para prestar el servicio de uso especial de transporte de escolares"- fue determinante para que Educación "declarara desierto", nada más y nada menos, que tres cuartas partes del concurso de Valencia, con las clases en marcha. La ausencia de cobertura jurídica para asegurar el transporte escolar -y los amagos de huelga- forzaron a licitar con "carácter de emergencia" (y en vigor sólo hasta final de curso pasado) aquellos 9 lotes desiertos. Y a redactar un nuevo pliego que el 27 de agosto resolvió las concesiones vigentes para el periodo 2007-2010, y que ya ha sido impugnado, esta vez por Uvatra, al revocársele la concesión del 35% de las rutas contratada por 12,3 millones.

La presión de la Abogacía General en defensa de un Dictamen de la Comisión Europea del 4 de abril de 2006 -a raíz de la denuncia presentada por un socio de Uvatra- fue clave a la hora de dejar fuera a los tres empresarios del Valle de Ayora en los tres lotes de la zona. Aunque esta defensa a ultranza de la CE choca con la denigración de la que hizo gala la Generalitat en las mismas fechas por el dictamen que condenó el "urbanismo salvaje" en la Comunidad Valenciana. Y tropieza, además, con sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que, a la hora de interpretar las directrices liberalizadoras (pero no obligatorias) de la Comisión, se inclinan por el espíritu del decreto español 1211/1990 (ahora reformado en el 1225/2006), que garantiza el derecho de los Estados a regular su propia jurisprudencia para asegurar la viabilidad económica de los servicios de baja rentabilidad. Igual que hace la UE en materia agrícola, mientras se avanza en una política común.

La concesión del transporte escolar pende, pues, del proceso judicial que impugna el pequeño lote 6 que cubre los colegios de la comarca de Ayora: la jurisprudencia puede en la práctica sentar cátedra y anular todos los concursos de 2006 y 2007.

El proceso de impugnaciones de parte de los lotes de transporte escolar licitados en 2006 y en 2007 mantienen en el aire las concesiones del 70% de las 218 rutas de la provincia de Valencia. Y es el precedente de lo que puede estallar en Alicante o Castellón. La escalada privatizadora de la enseñanza emprendida por el PP hace tres legislaturas (los conciertos con centros privados ascienden a 611 millones al año) ha tenido su correlato en la factura del transporte escolar. Es decir, ha incrementado los desplazamientos y creado nuevas rutas coincidentes con las de los colegios privados que han florecido en urbanizaciones residenciales de Montcada, Rocafort-Godella, El Vedat de Torrent, L'Eliana o Riba-roja; mientras en la capital, los promotores se comían la reserva escolar de suelo público.

La extensión de los conciertos al nivel educativo no obligatorio de Infantil de 3 años -que entró en vigor el curso 2001-2002 gracias a la presión del Arbobispado de Valencia y las patronales- favoreció la extensión de las ayudas de transporte escolar a alumnos "cuyo domicilio habitual se encuentre a una distancia de 3 kilómetros o más del centro". En junio pasado, la extensión de los conciertos al último tramo de Bachillerato completó el círculo de conciertos (desde el segundo ciclo de Infantil con 3 años hasta los 18). Además, la entrada en funcionamiento de decenas de centros públicos nuevos en la última legislatura (aunque la mayoría está en zonas que no requieren transporte escolar) han contribuido a incrementar las rutas escolares de 596 en junio de 2005 a 652 en septiembre.

El transporte escolar subvencionado, en origen, se creó para garantizar la educación de los niños y jóvenes de "zonas de muy difícil acceso", como mantiene la normativa actual. Es decir, alumnos de pueblos pequeños del interior (como es el caso impugnado del Valle de Ayora) que para estudiar tienen que prepararse 2 horas antes y viajar por carreteras donde la nieve y el hielo campan todo el invierno. Estas rutas (antes de las directrices liberalizadoras europeas de los 90) eran cubiertas básicamente por trasporte público regular, que cubría desde el servicio de Correos a los desplazamientos a hospitales comarcales. Éste es el caso de los tres empresarios de Ayora que impugnaron el concurso de 2006.

Roto este círculo, las empresas del sector de transporte discrecional (deportes, excursiones, actividades extraescolares en centros privados y servicios turísticos) han enconado su pugna por los lotes del transporte escolar que ascienden a 172 millones (29.000 millones de pesetas) para los próximos cuatro años. Lo que supone una factura anual en los Presupuestos de "46,2 millones de euros" y "41.497 alumnos desplazados".

El aumento de 60 rutas más (en sólo un curso y medio) en la provincia de Valencia muestra cómo se ha ido moldeando un mapa variable con los años -siempre en función de las directrices que fija Educación con "los datos de matrícula con necesidades de desplazamiento que comunican los directores de los centros a la Dirección Territorial"- que se superpone al viejo e inacabado mapa escolar público. Y del que Transportes niega rotundo haber participado ni en el diseño de las rutas ni en los puntos de recogida o de parada. Mientras la federación de padres FAPA denuncia desde 2001 la falta de becas de transporte en la red pública, y el aumento de alumnos de centros concertados desplazados.

La profusa documentación sobre los pliegos, concursos, actas y el material gráfico sobre denuncias de presuntas irregularidades en la prestación del servicio de algunas empresas adjudicatarias en 2006 -en poder de Educación y a las que ha tenido acceso EL PAÍS-, así como las múltiples entrevistas con empresarios de ambas patronales coinciden en que: " Los concursos se han hecho a la carta" y "no satisfacen al sector".