900.000 euros para un delegado

El Athletic deberá pagar los 901.000 euros establecidos en el blindaje de su contrato al ex delegado del primer equipo, José María Núñez, según determinó la sentencia, conocida ayer, del Juzgado número 8 de lo Social de Bilbao que vio la demanda interpuesta por extinción de su contrato. La juez desestima la petición de 250.000 euros por daños psicológicos y físicos y libera al presidente del Athletic, Fernando García Macua, como responsable solidario. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque ambas partes, que se muestran satisfechas por el fallo, no parecen dispuestas a alargar el conflicto judicial.

La magistrada considera que "no hay despido", sino una extinción del contrato por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El presidente, García Macua, siempre había apelado a la ausencia de despido ("Está de baja", llegó a afirmar sobre la situación de Núñez), lo que ahora niega la juez, que considera que Núñez actuó contra el Athletic "como cosecuencia de la modificación sustancial en las condiciones de trabajo" operada por el Athletic, "tales como el vaciado de funciones y no darle ocupación con la clara intención de que desistiera de sus derechos económicos". Esta actuación del club, considera la magistrada, supone un incumplimiento "muy grave en su obligación de buena fe".

La sentencia determina que no se ha probado 'mobbing' al ex empleado

El presidente García Macua no será responsable solidario del Athletic

El Athletic, según ya había manifestado su presidente, esperaba una sentencia como la que ha dictado la juez Inmaculada López Lluch. El pago del blindaje parecía inevitable y se peleaba la negación del acoso que argumentaba la defensa. La juez se limita a señalar que no hay prueba fehaciente de ese acoso, por lo que lo descarta.

José María Núñez, ex futbolista del Athletic entre 1973 y 1986, entró como directivo en la Junta presidida por José Julián Lertxundi en 1990, que luego le convirtió en empleado, atribuyéndole la responsabilidad de delegado del club. En 1998, el presidente José María Arrate le firmó un contrato blindado que contemplaba una indemnización de 900.000 euros, ahora admitida por la juez. Las razones de dicho cambio nunca han sido explicadas. Según el abogado de Txato Núñez, Arrate trataba de paliar los cinco años que Núñez no había cotizado a Hacienda. Según Arrate, fue una situación que él "firmó, pero no ideó, ni propició".

José María Macua, en la campaña electoral del pasado verano que acabó llevándole a la presidencia del club, prometió rescindir el contrato de Núñez y el del médico Sabino Padilla. Con este último, que también tenía un contrato blindado, Macua llegó a un acuerdo amistoso por el que le indemnizó con 45 días de sueldo por año trabajado, una cantidad importante para las arcas del club. Arrate también le hizo un contrato blindado a Padilla y subió de forma importante sus emolumentos tras el interés del Barcelona, en aquella época, por hacerse con sus servicios. Aún queda la resolución de otro contrato blindado con el ex gerente Fernando Ochoa.

Con Núñez, el asunto ha acabado en la vía judicial que concluyó ayer. Pero los frentes son más amplios. El Athletic está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Iban Zubiaurre, por el que el club rojiblanco ya ha sido condenado a pagar a la Real Sociedad cinco millones de euros por contratación improcedente. Tanto el Athletic como la Real recurrieron al Tribunal Supremo: los bilbaínos reclamando la legalidad de la contratación y los donostiarras exigiendo la totalidad de la cláusula de rescisión, que asciende a 30 millones de euros. Los problemas se acumulan en Ibaigane.