Cuando la justicia obliga a recordar
El Constitucional ordena repetir el juicio por un crimen de 1998 en Cádiz
Rocío Cortés perdió a su abuela cuando tenía 18 años. Ya ha cumplido los 27, pero asegura que se acuerda cada día del momento en que supo de su muerte. Unos recuerdos que la acompañan desde hace nueve años y que ahora tendrá que compartir con un jurado popular: el que juzgue, por segunda vez, a los dos acusados de acabar con la vida de Dominga Ramírez Ureba.
"Tengo grabado el momento en que oí el veredicto. Entonces pensé que habíamos perdido una batalla. Pero era sólo la primera. No nos íbamos a dar por vencidos", explica Cortés. Y no lo hicieron. La familia de Dominga Ramírez, primero sus dos hijas y ahora sus nietos, no ha descansado desde entonces. Un tortuoso camino que los ha llevado de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se vio el caso en el año 2002, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, el que finalmente les ha dado la razón.
"No nos íbamos a dar por vencidos", afirma la nieta de la víctima
La presidenta del Tribunal Constitucional votó contra la repetición
Habrá nuevo juicio para el que se conoció entonces como el crimen de La Viña, porque fue en la calle Paco Alba de este popular barrio gaditano donde fue apuñalada la mujer de 79 años. El Tribunal Constitucional considera que la familia de la víctima ha visto violados sus derechos constitucionales, ya que sus quejas por no contar con un letrado de oficio que ejerciera su acusación particular no fueron atendidas. La sentencia del Constitucional cuenta, sin embargo, con el voto particular de su presidenta, María Emilia Casas, quien discrepa de sus compañeros. Casas sostiene que debe prevalecer la sentencia absolutoria dictada en el primer juicio "por la inseguridad que generaría cuestionar de nuevo la inocencia de los acusados y el riesgo de desprestigio social" que implica la repetición de un proceso penal.
A Rocío Cortés los argumentos del tribunal no le importan. Sólo le interesa el resultado: "Teníamos muy pocas esperanzas, pero hemos llegado hasta aquí y vamos a continuar". La repetición del proceso va a obligar a su familia a rememorar momentos duros, a enfrentarse de nuevo a los presuntos responsables de la muerte de su abuela. Pero también a desembolsar una importante cantidad de dinero, porque esta vez van a ejercer la acusación particular con la ayuda de un abogado. "Es lo que nos ha tocado, no tenemos más remedio que asumirlo", comenta resignada Cortés, que trabaja de auxiliar de clínica.
Vecina del acusado
Javier García Marichal, el letrado que asiste a la familia, ya les ha advertido. "Van a tener que asumir que empezamos de nuevo. Va a ser largo y doloroso".
Tampoco van a ser días fáciles para José María Díaz, el principal acusado de la muerte de la anciana. Tendrá que volver a enfrentarse a una acusación de asesinato, robo y allanamiento de morada. Unos crímenes por los que fue declarado no culpable en un proceso que ahora, ante la justicia, no existió. Su abogado, José María Fernández Reyes, ya le ha comunicado la mala noticia. También la esposa del acusado, que fue juzgada por encubrimiento y permaneció un año en prisión preventiva, tendrá que volver a sentarse en el banquillo.
"Esto nos coge a todos fuera de juego. Es volver a juzgar a una persona que pasó cuatro años en la cárcel en prisión preventiva hasta que pudo enfrentarse a un juicio, y que está en libertad desde que hace cinco años le quitaron las esposas al escuchar el veredicto". Fernández Reyes no comparte el criterio del Tribunal Constitucional. "Ellos tuvieron la asistencia de un letrado, pero renunciaron a él por problemas económicos. Cuando se les denegó la asistencia gratuita no reclamaron. Sólo protestaron cuando las vistas ya habían concluido", recuerda el abogado.
La única opción es recurrir a instancias internacionales. "Agotaré todas las posibilidades, pero estos procesos son muy caros, hacen falta muchos recursos, especialistas, intérpretes. Y hablamos de una familia muy modesta".
Rocío Cortés vive en un piso con su pareja. Al año de mudarse, el hombre que fue juzgado por la muerte de su abuela se trasladó al mismo barrio, a la misma calle, al bloque vecino. Se lo cruza algunas veces. Dice que siente rabia, impotencia. Que no le habla pero que le mantiene la mirada. Que ella no tiene que sentir miedo, que es él quien debería agachar la cabeza. Ahora tendrá que volver a mirarle a los ojos y dirigirse a él. Pero no en la calle, sino ante un juzgado popular.
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