Las compensaciones marbellíes, a debate

Los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales afectadas por el sistema de compensaciones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella tienen un aliado para no terminar pagando los terrenos para zonas verdes y equipamientos necesarios para que sus viviendas se regularicen. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Ángel Sánchez Blanco, propuso ayer que la Agencia Tributaria persiga a los promotores que no quieran pagar las compensaciones, bien porque hayan extinguido su actividad o porque no tengan fondos, y que rastreen todas las sociedades y bienes que estén vinculados a su actividad empresarial. El ponente estableció una especie de pirámide de responsabilidades a la hora de afrontar las cargas urbanísticas, en la que los compradores no aparecían y Estado se vería obligado a responder, de forma subsidiaria. "Es infame tratar de proyectar sobre el ciudadano acciones manifiestamente ilegales con informes jurídicos expresos", dijo. La opción que hasta el momento manejan la Junta y el Ayuntamiento es crear gabinetes jurídicos gratuitos que defiendan los intereses de los propietarios y la crear plataformas de afectados.