300 vecinos impiden el derribo de una vivienda en Vigo
El vecindario de Sampaio considera la orden judicial un agravio comparativo
Al grito de "Justicia sí, derribo no", de 200 a 300 vecinos de la parroquia viguesa de Sampaio impidieron ayer ejecutar el derribo de una casa ordenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El vecindario impidió el acceso de las autoridades municipales que debían cumplir la orden y tampoco pudieron acercarse las máquinas. El alcalde, Abel Caballero, reiteró ayer que comparte "la extrañeza social" por la sentencia judicial.
El litigo comenzó en 2000. Manuel Dasilva, trabajador del naval, y su mujer, Charo Amorín, cajera en un supermercado, decidieron rehabilitar la vivienda que habían heredado en Sampaio, una parroquia asentada en las faldas del monte que se despliega desde A Madroa hacia la avenida del aeropuerto. Las vistas son espléndidas, con la ciudad a los pies, la ría y las Cíes al fondo. Los accesos, sinuosos y angostos. Y el último tramo, una corredoira de intensa pendiente de bajada, es privado, como advierte una señal y subrayaba su propietario, que ayer mismo barajaba sus opciones legales de negar el paso a las máquinas del derribo. No hubo lugar a ello. La corredoira ya estaba taponada por seis coches aparcados en línea, y no hay ningún otro acceso.
La Audiencia Provincial de Pontevedra falló a favor de Manuel Dasilva. Reconoció que durante las obras de rehabilitación de la vivienda se derrumbaron dos viejas paredes exteriores y que tuvieron que levantarlas con nueva fábrica. Sobre los mismos cimientos. A Araceli Martínez Mancebo, la vecina de la casa colindante, en una cota superior que coincide con la cubierta de la de Dasilva, no le convenció el fallo de la Audiencia Provincial y recurrió al TSXG: se había hecho obra nueva, prohibida por la normativa urbanística y que, por tanto, había que derribar. Así se lo reconoció el alto tribunal gallego.
¿Qué interés tenía Araceli Martínez para alentar el litigio? "No lo sé; ninguno, como no sea buscar dinero", afirmaba ayer Dasilva. La mujer, una viuda madura (su marido murió en una reyerta), se avecinó en Sampaio en 1993 "Y yo mismo trabajé con ella para levantar el muro de contención de su casa", dice Dasilva. Ahora, por unos motivos u otros, está en pleitos con todos los vecinos colindantes."En la manifestación del viernes [un millar de personas marchó por las calles de Vigo contra el derribo] un hombre de Guillarei, donde ella vivía antes, me dijo que también allí había pleiteado con varios vecinos. A él le sacó los ocho millones de pesetas con los que se compró esta casa", señala Dasilva. "No entiendo por qué los jueces no reparan en quién pone las denuncias".
La comitiva municipal que debía oficializar ayer la orden de derribo, encabezada por la concejala de Urbanismo, Carmela Silva, fue recibida con una sonora bronca y no pudo abrir la menor brecha en la piña de vecinos que cegaba el paso en la calle de la que parte la corredoira privada. Sólo los más allegados se quedaron acompañando a Manuel Dasilva y Charo Amorín abajo, en la casa. "¡Justicia sí, derribo no!", coreaban una vez y otra los vecinos, intercalando solos de tenor con los que demostraban estar al día de los litigios análogos en el urbanismo vigués: "¡Que empecen pola Finca do Conde!", decía uno. "¡Polos apartamentos de Samil!", replicaba otro. "¡Pola colina de Castrelos!", terciaba otra voz más allá.
En Vigo hay unas 2.000 viviendas pendientes de derribo, ordenados por sucesivas sentencias judiciales. El Ayuntamiento, de ejecutarse esas demoliciones, tendría que afrontar las indemnizaciones como responsable último de las licencias o de la incuria administrativa. Ello supondría llevar las arcas municipales a la quiebra durante muchos años. De modo que viene aplazando los derribos con sucesivos recursos e intenta legalizar las construcciones prohibidas dándoles carta de naturaleza en el plan general de urbanismo que se tramita desde hace casi ocho años y que se confía ver aprobado en el actual. La vivienda de la familia Dasilva también sería legalizada por el plan, aseguró ayer el alcalde.
El Ayuntamiento ha de ejecutar la sentencia, que "no nos deja ningún margen de maniobra", dijo Caballero. El alcalde reiteró su solidaridad con los afectados y les garantiza el realojo hasta que encuentren una vivienda alternativa. Pero ayer sólo pudo levantar acta, que hoy entregará en el juzgado, de la imposibilidad de ejecutar el derribo. Los vecinos de Sampaio, mientras, porfiaban en mantener la alerta para impedirlo.
