El PP acusa a la Xunta de "vejación" por impedirle fotocopiar el dosier del Barbanza

El ceremonial de la autovía del Barbanza vivió ayer un nuevo capítulo, con la visita del portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, a la Consellería de Política Territorial para consultar el expediente de la contratación de la obra. Ruiz denunció el "acoso" y las "vejaciones" de los responsables de la consellería, entre otras cosas por impedirle hacer fotocopias. Política Territorial aseguró "respetar escrupulosamente la legalidad", mientras el PSOE denunciaba "el circo" del PP. Los populares intentan demostrar que la Xunta prevaricó al adjudicar la obra.

El nuevo portavoz parlamentario del Partido Popular logró finalmente acceder a toda la documentación antes de la comparecencia de la conselleira María José Caride el lunes en el Parlamento. Acompañado del diputado Alejandro Gómez, consultó desde las 9 de la mañana de ayer el expediente, pero no lo hizo en las condiciones que considera adecuadas para un diputado, lo que le llevó a pedir amparo a la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino.

Política Territorial habilitó una sala con toda la documentación y puso a una funcionaria para que la custodiara, acompañada de un asesor de la consellería. Los dos diputados pudieron entrar en la sala, pero no los dos asesores de los que se querían hacer acompañar. No pudieron sacar documentos para fotocopiarlos ni tampoco fotografiarlos. La función del asesor era la de "vigilar" a los diputados, según denunciaron éstos, que aseguraron sentirse tratados "como delincuentes".

La consellería señaló en un comunicado que respetó la legalidad "escrupulosamente", dada su obligación de "custodiar todos los informes que obran en su poder y garantizar la protección e integridad de los mismos". Para justificar que no permitiese entrar a los asesores de los diputados, Política Territorial precisa que el PP solicitó la documentación a través del artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia, por el que los diputados "tienen derecho a recibir directamente o a través de su grupo parlamentario la información y la documentación para el desarrollo de sus tareas". Esa vía, aclara la consellería, "sólo ampara" a los diputados, "pero no a personas ajenas".

La Xunta insistió en su comunicado en que la presencia en la sala de personal de la consellería responde a la obligación de "custodiar todos los informes y garantizar la protección e integridad de los mismos", tal y como se recoge en la ley de protección de datos personales.

El departamento que dirige María José Caride indicó que el derecho al acceso a la información está limitado "por otros derechos fundamentales de igual importancia". Además, señaló que el derecho a la información no puede ejercerse de tal modo que "los servicios administrativos queden afectados en su funcionamiento regular".

El PSOE, mientras, no dudó en tachar de "circo" la visita de los dos diputados a la consellería. El portavoz de infraestructuras del grupo socialista, Abel Losada, calificó de "infantil" el comportamiento de Ruiz Rivas y Alejandro Gómez, en la línea de "las lamentables funciones de teatro del absurdo" que, en su opinión, protagoniza la oposición. Losada declaró que la actuación de los dos diputados refleja "la incapacidad del PP para aceptar los resultados de las urnas" y su "miedo" a la investigación por el Parlamento sobre la Cidade da Cultura. "Es la forma de hacer las cosas de un partido desnortado y sin dirección", acusó.

Fuerza extraparlamentaria

Abel Losada sostuvo que los "circos mediáticos orquestados" por los parlamentarios populares son "más propios de una fuerza extraparlamentaria que de un grupo de 37 diputados". El portavoz socialista de infraestructuras aseguró que el objetivo del PP es "echar un manto de silencio para camuflar las graves irregularidades en la gestión de su Gobierno" en el complejo de monte Gaiás.

Ruiz Rivas aclaró que el principal objetivo de su visita era el expediente de la contratación "a dedo" de un segundo informe de valoración de ofertas, el que recomendó adjudicar el contrato de la autovía del Barbanza a Sacyr, en lugar de a San José, como proponía una primera evaluación, elaborada por una consultora contratada por concurso público. A juicio del PP, Política Territorial utilizó la adjudicación para desbloquear las negociaciones para eliminar el peaje de Rande y A Barcala en la AP-9, de la que Sacyr es socio mayoritario.

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, salió en defensa de Caride: "En un Estado democrático la carga de la prueba la aporta quien acusa", afirmó, e instó al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, a aportar las pruebas que fundamenten su acusación. "El mecanismo que usa el PP de presentarse en las oficinas tiene el objetivo de sacarse una foto, no es un mecanismo eficaz de control del Gobierno", aseveró.