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Reportaje:

La policía local tendrá más atribuciones

Los agentes podrán actuar en caso de delito, según la ley que prepara el Ejecutivo regional

La policía local podrá asistir en sus funciones a la policía judicial, actuar directamente en caso de delito y aplicar la legislación autonómica. Son algunas de las funciones que regulará la futura Ley de Coordinación de Policías Locales que ayer anunció el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, ante la comisión de esta área de la Asamblea de Madrid. "Los agentes podrán elaborar atestados e informes con el mismo valor probatorio, sin necesidad de esperar a que lleguen los agentes nacionales o los guardias civiles al lugar de los hechos", aclaró tras su intervención Granados. Fue uno de los consejeros que acudieron a dar cuenta de sus proyectos en la Cámara en una semana destinada a explicar las líneas de actuación del Gobierno surgido tras las elecciones del pasado mayo.

Otra de las modificaciones importantes será la movilidad de los agentes locales. Municipios que no tienen la posibilidad de hacer amplias convocatorias de plazas o que por cuestiones puntuales se queden sin policías podrán recibir el refuerzo de efectivos que aprobaron las oposiciones en otras localidades.

Ante los diputados regionales, el consejero explicó que la futura ley se va a elaborar esta legislatura debido a la tardanza del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en reformar la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Cuando salga esa ley, adaptaremos nuestra normativa a ella", explicó. "Pero mientras tanto es necesario aumentar y aclarar las competencias de los agentes locales de la región".

Los dos grupos de la oposición, PSOE e IU, se mostraron de acuerdo con la puesta en marcha de la nueva norma. Sin embargo, el diputado de IU Miguel Reneses echó en cara al consejero que esta ley se haya retrasado y reclamó para la formación de los agentes una "cultura cívica lo más amplia posible".

La nueva ley también afectará al acceso de los agentes al cuerpo. Como ejemplo, Granados explicó que la Comunidad de Madrid es una de las pocas que no les exigen tener el título de bachiller. Además, quiere modificar cuestiones relativas al uniforme, su escala dentro de la Administración, aumentar la edad de acceso o regular la segunda actividad durante el embarazo y la lactancia de las agentes.

Granados también anunció otras propuestas para los próximos cuatro años. Entre ellas, que quiere acordar con los municipios un nuevo Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma), aunque no detalló su cuantía ni la fecha para ponerlo en marcha. Entre las medidas que anunció el consejero también se incluye dar acceso a los ciudadanos sordos a la petición de socorro a través del teléfono 112. Hasta ahora veían limitado su derecho a comunicarse sin ningún tipo de barrera con una línea de emergencia.

El 'cheque-bebé' sube a 300 euros

Fue una propuesta de la campaña electoral de Esperanza Aguirre, pero ayer la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gador Ongil, volvió a plantearla en la Asamblea de Madrid al desgranar sus objetivos hasta 2010: el cheque-bebé, el que recibe cada recién nacido de la región, aumentará de 100 a 300 euros.

No concretó Ongil cuándo será efectiva la subida, pero una portavoz de la consejería precisó que la medida deberá ser contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para que se pueda llevar a la práctica. "Aún está en negociaciones", puntualizó.

La consejera dio una perspectiva basada exclusivamente en la familia de las ayudas sociales que debe otorgar el Gobierno regional. "Queremos que la perspectiva de familia esté presente en todas las consejerías del Gobierno, y, en concreto, el apoyo a esas personas se hará en el seno de la familia: apoyo a la maternidad y paternidad; apoyo a las familias con carencias fundamentales; conciliación familiar, profesional y personal para aquellas personas que tienen a su cargo personas dependientes de un tipo u otro, y atención a menores y atención a dependientes", dijo.

Ongil no hizo anuncios nuevos, salvo los ya incluidos en el programa electoral del PP. Entre ellos, la propuesta de crear 20.000 nuevas plazas para las personas dependientes, de las que 12.000 serán para mayores y 4.000 para personas con enfermedad mental. Estas plazas no suponen sólo la construcción de centros de día o residencias, sino que incluyen la subvención de centros privados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de septiembre de 2007

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