Los nacionalistas quieren negociar la supresión del plus para ex altos cargos

El coordinador de la ejecutiva del BNG, Francisco Jorquera, aseguró ayer que los nacionalistas tienen "la máxima disponibilidad" para sentarse a negociar con las demás fuerzas políticas y anular el plus que por un máximo de 15.000 euros cobrarán los funcionarios que desempeñen cargos públicos durante al menos dos años. La medida fue incluida en la reforma de la Lei da Función Pública aprobada el pasado julio con el apoyo unánime de PP, PSdeG y BNG.

Jorquera respaldó así la opinión manifestada hace una semana por el vicepresidente Anxo Quintana y justificó el cambio de opinión de su formación diciendo que "hay que ser sensibles" a las demandas de los ciudadanos y este asunto ha causado "gran alarma social". "Las fuerzas políticas deben tener la valentía de admitir sus errores", añadió en referencia al apoyo ofrecido por el Bloque a la medida. El plus, justificó Jorquera, fue negociado por el PSdeG con el PP, siguiendo la costumbre adoptada por los socios de coalición, y el BNG se limitó a apoyar a los socialistas.

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Ismael Rego, replicó a los nacionalistas recordando que nunca se opusieron al plus durante el trámite parlamentario y calificó su actitud de "sorprendente". Si ahora quieren volverse atrás "es su problema", porque la ley ya está aprobada. Rego consideró además malintencionadas las informaciones que aseguran que todos los funcionarios que desempeñen altos cargos vayan a cobrar 15.000 euros.

Manuel Ruiz Rivas, en nombre del PP, emplazó a los socios de gobierno a aclarar si siguen unidos y pidió expresamente al PSdeG que explique si va a ceder a "los chantajes" de su socio, en referencia a la reforma que demanda el BNG. Y los nacionalistas, si quieren la reforma lo que deben hacer es llevarlo al Parlamento en vez de decirlo fuera de la Cámara. Hasta que lo hagan, "todo el mundo sabe cuál es su responsabilidad".

Por otra parte, el Valedor do Pobo decidió inhibirse en la polémica sobre el complemento. En la respuesta al requerimiento del sindicato CIG, la institución que preside Benigno López alega que sólo el Defensor del Pueblo tiene competencias para plantear un recurso ante el constitucional a la Lei da Función Pública. El Valedor cita no obstante jurisprudencia que ampara las retribuciones a los funcionarios descartando que supongan una vulneración de los principios de igualdad.