El PSPV acusa al Consell de boicotear la ley de dependencia

Si la Comunidad Valenciana es de primera división, como asegura el presidente Francisco Camps, tiene un pie en segunda, porque el gasto social por habitante es un 18,5% inferior al de las autonomías punteras. Además, el Consell está boicoteando la aplicación de la ley de dependencia y dejará de recibir 40 millones del Gobierno. Así se expresó ayer el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Ángel Luna.

Tras la reunión de inicio de curso político del grupo, el representante socialista explicó que en 2006 había previsto 20 millones de euros para "ir preparando la entrada en vigor" de la ley de la dependencia, "y no se ha hecho". De modo que el Consell "está paralizando" por "incapacidad" o por una "consigna de Rajoy" la aplicación de la norma que afecta a unas 150.000 personas. En consecuencia, "está impidiendo que los ciudadanos reciban 40 millones de euros en 2007". Los socialistas han proclamado la ley de la dependencia como uno de sus bazas electorales en la campaña para los comicios de marzo.

El socialista indicó que los populares no pueden achacar el problema a problemas financieros, puesto que la ley "lleva su propia financiación". Señaló que en 2007 "se debería haber evaluado a 20.000 personas, todas de gran dependencia", pero la Generalitat "está valorando exclusivamente a las personas que están internadas en centros", con lo que recoge el 50% "de la ayuda que reciben esas personas del Estado, pero no tienen que poner su 50% que ya están en centros de la Comunitat Valenciana".

El socialista precisó que la ley de la Dependencia afecta a un colectivo de entre 125.000 y 150.000 personas en toda la Comunitat, por lo que calculó que hacen falta entre 140 y 150 evaluadores, mientras que en la actualidad "sólo hay 35".

Entre 2007 y 2015 está previsto que a la Comunidad Valenciana lleguen 1.300 millones de euros por parte del Gobierno central "pero si seguimos con esta tónica no los vamos a recibir", advirtió.

Además, comentó, existe "un problema parecido con el tema de los valencianos pendientes de un certificado de minusvalía", ya que, dijo, "se acaba de despedir a 37 evaluadores", mientras que existe una lista de espera de más de un año para conseguir la evaluación, aseveró.

Por otra parte, avanzó que los socialistas presentarán una interpelación para que el Consell "explique por qué razón en la Comunitat Valenciana la asignatura de Educación para la Ciudadanía no se va a aplicar este curso", lo que achacó a que, "de nuevo los criterios políticos y de actuación del Consell del señor Camps y del señor Cotino coinciden exhaustivamente con las directrices de los sectores más integristas de la Iglesia Católica española".

El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular Antonio Clemente respondió a las acusaciones socialistas destacando que nueve de cada diez euros de los presupuestos del Consell de la Generalitat se destinan a políticas sociales. Añadió que los 40 millones de los que hablan los socialistas son "migajas".