Sólo el PSOE se opone a la comparecencia de Álvarez

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, tendrá con toda probabilidad que comparecer ante el Congreso de los Diputados este mes de agosto después de que ayer la mayoría de los grupos de la Cámara, excepto el PSOE, así lo solicitaran con carácter de urgencia. Álvarez tendrá que dar explicaciones, por enésima vez, sobre el colapso en las infraestructuras públicas de Cataluña, carreteras, ferrocarril y aeropuerto. Los diputados del Partido Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Izquierda Verde y el Partido Nacionalista Vasco, que suscribieron la solicitud, suman más votos que los socialistas, lo que obligará al presidente del Congreso, Manuel Marín, a convocar la Diputación Permanente, al ser agosto un mes inhábil.

El PP y CiU han solicitado también una reunión de la Diputación Permanente del Parlament, pero para que asistan el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, el de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, y los consejeros de Economía, Antoni Castells, y Política Territorial, Joaquim Nadal. Los dos partidos de la oposición exigen explicaciones sobre el apagón del 23 de julio y los incidentes en el servicio de Cercanías de Renfe y en la autopista AP-7.

Protocolo de peajes

Todos los partidos catalanes y el Ayuntamiento de Tarragona, además, reclamaron al Gobierno catalán que redacte un protocolo con criterios claros y específicos sobre en qué circunstancias las concesionarias de autopistas deberían levantar las barreras de los peajes. El sábado tuvo que ser la Generalitat quien lo ordenara, amenazando con enviar a los Mossos si la empresa concesionaria se resistía.

CiU y PP recordaron que el Parlament ha aprobado al menos tres resoluciones requiriendo al Ejecutivo autónomo que apruebe este protocolo, que aún no existe. Sólo el PSC, el partido mayoritario del Gabinete del presidente José Montilla, expresó su escepticismo sobre la utilidad de esta solución y, como hizo el consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, abogó por la ampliación de los carriles de la AP-7 y la supresión de los peajes troncales.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, culpó al tripartito de izquierdas de las anomalías registradas en las infraestructuras porque, dijo, destinó más dinero al debate sobre el Estatuto que a mejorar los servicios públicos.

A pesar de todas estas anomalías, la Generalitat no tiene previsto reunirse con la empresa Acesa, que gestiona la AP-7, hasta después de vacaciones. Será entonces cuando intente buscar una solución.

Con informaciones de Laura Casadevall, Sònia Quer y Natalia Iglesias