El Supremo absuelve a un detective que intentó comprar datos secretos

El Tribunal Supremo ha absuelto a un detective que intentó comprar datos reservados de la Seguridad Social, por lo que fue condenado en 2006 a dos años y medio de prisión. El Supremo sí ha ratificado la condena a cuatro años y medio de prisión a la funcionaria de la Seguridad Social que vendía datos sensibles tanto al detective como a un agente del Cesid, que le pagaba 420 euros al mes por la información.

El magistrado ponente de la sentencia del Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, utiliza un voto particular parcialmente discrepante para subrayar el "contexto de irregularidades y omisiones" en el que se desarrolló la investigación: el funcionario del Cesid ni siquiera llegó a ser encausado por un posible delito de cohecho, y el detective que intentó sobornar a un funcionario y suministró datos sensibles de la Seguridad Social a dos empresas ha tenido que ser absuelto.

En febrero de 2001, el detective Arturo R. A. propuso a un directivo de la Seguridad Social que le proporcionara datos de vidas laborales, grupos de cotización, domicilios y datos privados de personas, a cambio de 4.000 pesetas (24 euros) por cada ficha personal si la información la entregaba en cinco días, y de 5.000 (30 euros) si lo hacía en un plazo menor. El funcionario abordado no sólo no aceptó, sino que denunció los hechos.

Siguiendo la pista de la denuncia, e investigando las llamadas hechas desde los teléfonos del detective, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía constató que un empresarop de San Martín de la Vega y una tal "Eva" , consejera de una empresa de Madrid, pedía al detective datos reservados de diferentes personas, y que el detective trasladaba las solicitudes a una funcionaria de la Tesorería de la Seguridad Social, María Isabel B. S.

La funcionaria fue detenida y confesó que durante 2001 había proporcionado a Juan G., funcionario del Ministerio de Defensa y agente del Cesid (el actual Centro Nacional de Inteligencia) información reservada a cambio de una compensación de 70.000 pesetas al mes, primero en mano y luego por transferencia bancaria.

Pero al juzgar los hechos, la Audiencia de Madrid constató que el juez instructor había incurrido en una irregularidad que viciaba la mayor parte de las pruebas obtenidas: en el mismo "auto" de incoación de diligencias, el instructor había autorizado a la Policía a extraer los listados de llamadas de los teléfonos del detective. El tribunal consideró que no se había producido un tratamiento individualizado de la petición policial ni tampoco un estudio previo a la decisión, y determinó que tal resolución no era constitucionalmente apta y viciaba las resoluciones posteriores. La Audiencia de Madrid condenó. gracias a su confesión, a la funcionaria María Isabel B. S. a cuatro años y medio de prisión por revelación de secretos - pena confirmada ahora por el Supremo- y al detective a dos años y medio de cárcel por tentativa de revelación de secretos.

Sin embargo, el Supremo ha tenido que absolver ahora al detective, al llegar a la conclusión de que su tentativa fue "ineficaz" y, por tanto, "impune". El Supremo se queja de que la conducta del detective tendría que haber sido calificada de "cohecho", pero "incomprensiblemente", nadie le acusó de ese delito.