Un viaducto en la conciencia

"El primer aviso fue muy impactante: 'Tenemos más de 20 muertos'. Entré en shock pensando en cómo afrontaría un drama de tal magnitud. Aunque finalmente fueron seis fallecidos, desde entonces es mi principal quebradero de cabeza". El 7 de noviembre de 2005 se desplomó parte de un viaducto de cuatro carriles que se construía en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Almuñécar (Granada). En el trágico accidente murieron seis obreros tras caer al vacío desde unos 70 metros de altura. Desde entonces, el juzgado de Instrucción 2 de la localidad costera mantiene una compleja investigación para determinar las causas que produjeron la tragedia y los responsables que debieron haberla evitado. También desde aquella fecha, el accidente es la principal incógnita y desvelo de Francisco Ruiz Ruano, secretario del Metal y la Construcción de UGT, presente en la causa como acusación particular.

"No descartamos ningún culpable, desde los responsables del Ministerio de Fomento hasta los de la última subcontrata de la obra", asegura el sindicalista

"Aún se construye utilizando los mismos tornillos que fallaron aquel día"

Los trabajadores portugueses cayeron al vacío desde 70 metros de altura

La investigación para determinar los culpables que provocaron la negligencia es ardua. Aún no hay imputados en el caso. Pero tras casi dos años de reconstrucciones y pruebas de ensayos en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, comienzan a esclarecerse las responsabilidades. El informe de la Inspección de Trabajo ha concluido que las constructoras incumplieron las revisiones de mantenimiento obligatorias. "No consta que por ningún departamento de la UTE

[Unión Temporal de Empresas] se hiciera un control de revisión de la cimbra"

[la estructura metálica que se desplomó]. Además, la Inspección tachó de "insuficiente" el Estudio de Seguridad elaborado por el Ministerio de Fomento, el promotor de la obra, al que achacó una infracción grave.

Mientras, UGT desarrolla su propia investigación a la espera de elevar las conclusiones al juez y solicitar las imputaciones pertinentes, previsiblemente a principios del próximo otoño. "No descartamos a nadie, desde los responsables de Fomento hasta la última subcontrata, porque el suceso no fue imprevisible", asegura Ruiz, que estima que fue una tragedia originada por múltiples causas. El sindicalista está "expectante" ante el pliego de acusación que presente la Fiscalía, pero mientras aplaude la rigurosidad de la instrucción judicial. No tiene prisa porque sabe que la lentitud favorece que el juez determine con acierto las imputaciones. "Es una investigación muy seria, meticulosa. Todo es mejorable, pero entre cambiar rapidez por fiabilidad, me quedo con la última. La precipitación afectaría a la calidad del procedimiento judicial y no sería bueno para los trabajadores. Es ejemplar: sin prisas pero sin pausas". Entre los elementos de prueba repartidos por el juez figuran los discos con nueve horas de entrevistas a los testigos, grabadas en los juzgados el año pasado. Entre los testimonios del accidente, adjetivos gruesos como "espeluznante".

A estas alturas de la investigación del accidente laboral, las partes conocen que la causa del desplome mortal fue la rotura del marco trasero de la cimbra, según coincidieron en señalar los informes del Instituto Eduardo Torroja y del Ministerio de Fomento. Sin embargo, la clave que determinó la tragedia fue otra: la dejadez de los técnicos de la constructora en la revisión que debían confirmar la seguridad de la estructura a medida que la obra avanzaba.

Enfrentarse a un drama de tales dimensiones abre sucesivos interrogantes sobre las consecuencias personales que el siniestro causó a los obreros. "Desde qué pensó el trabajador en el momento del desplome hasta cómo puede la familia asimilar la pérdida del hijo". Para Ruiz, la falta de rigurosidad laboral era patente, ya que la mano de obra no era cualificada y entre los trabajadores había ganaderos y panaderos. Cinco de los seis trabajadores fallecidos eran portugueses que se habían trasladado a la costa granadina en busca del jornal. La polémica del accidente se acrecentó tras trascender la cadena de subcontrataciones que soportaba esta obra pública de gran envergadura. La Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura (formada por Azvi, Proder y Obras Subterráneas) subcontrató para la ejecución del viaducto a la empresa gallega Estructuras y Montajes Prefabricados, especializada en este tipo de obras, que a su vez subcontrató a la portuguesa Douro Montemuro. Los obreros trabajaban, según sus propios testimonios, unas 11 horas al día, una jornada por la que podían llegar a conseguir unos 1.500 euros mensuales.

La primera lección que Ruiz extrae del accidente es el significado de la prevención laboral. "Una cimbra es segura porque hay una persona que vela por ella. Hay que sustituir la interrogación por la certeza. No importa cuántos expertos rodeen a una obra. Cualquier elemento debe tener su mantenimiento y una cimbra de toneladas también", reflexiona. Para Ruiz, el accidente ha supuesto "un antes y un después" al valorar la prevención. "La protección laboral va mucho más allá de las prendas y el casco", valora.

Ahora el proceso debe determinar las responsabilidades civiles y penales, y cuantificar los posibles incumplimientos en materia de prevención laboral. El sindicato UGT espera que esta instrucción judicial se tome como ejemplo para evitar que un accidente de tales dimensiones se pueda repetir. "No se puede mirar hacia otro lado y habrá que depurar responsabilidades, pero también sacar las conclusiones preventivas porque se siguen haciendo viaductos y utilizando los mismos tornillos que fallaron ese día". Ruiz avisa de que no encontró ningún documento donde existiera un protocolo con las maniobras para efectuar las revisiones de las cimbras, tras su construcción y montaje. "En la cuadrilla encargada de la cimbra hubo un operario que estuvo aprendiendo ahí mismo. Pusieron la maquinaria en manos inexpertas. Es secundario pero fue un incumplimiento más", denuncia.

Casi dos años después del accidente, ninguna de las familias de los seis fallecidos continúa presente en la causa. Los parientes de uno de ellos, que inicialmente sí se personaron, retiraron su acusación hace unas semanas. Sólo uno de los heridos, también de nacionalidad portuguesa, continúa batallando en el juzgado de Almuñécar. Las responsabilidades en este siniestro mortal ocurrido en la costa de Granada hace casi dos años, se depurarán gracias al impulso de la fiscalía y al desvelo de sindicalistas como Francisco Ruiz.