El juez procesa por corrupción a 20 ex ediles de Marbella y a otras 66 personas

Después de 20 meses de investigación, el juez Miguel Ángel Torres ha cerrado la instrucción del caso Malaya por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella con una orden de procesamiento de 86 personas, 20 de ellas ex concejales de la corporación, entre los que figuran los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El juez eleva las fianzas por responsabilidad civil a casi 5.200 millones de euros. De ellos, exige 1.000 al presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, procesado por 10 delitos y que está inmerso en otras 44 causas judiciales.

Roca será procesado por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio. Entre los 86 acusados en la causa figuran también su esposa, Rosa Jimeno, y su hija María Roca Jimeno, imputadas de presunto blanqueo continuado y pertenencia a organización.

En el auto con el que el juez cierra la fase de diligencias previas del caso, de 450 folios, relata que Roca encabezó una "estructura criminal" que tenía como objetivo "el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos". Como ya dejó constancia en resoluciones anteriores, el instructor considera a Roca el "alcalde de hecho" de la ciudad durante años, en los que manejó la voluntad de los concejales, cobró a promotores inmobiliarios a cambio de licencias y permisos ventajosos, hizo negocios con ellos, se benefició con la obtención de parcelas municipales y distribuyó todo el patrimonio obtenido en un entramado de sociedades con ramificaciones internacionales a nombre de testaferros. El juez estima el patrimonio de Roca en torno a 120 millones de euros, cuando en 1991, año en que llegó al Ayuntamiento, no disponía de propiedades. Por sus actividades en el Ayuntamiento de Marbella, Roca está imputado en 44 causas judiciales.

Las mayores responsabilidades económicas, 500 millones de euros por cabeza, las exige el juez para los cinco abogados del despacho de Manuel Sánchez Zubizarreta que administraba el entramado societario y para sus dos principales testaferros, Óscar Benavente y Salvador Gardoqui, que estaban al frente de Mara Asesores, la sociedad que llevaba la contabilidad de las entradas y salidas de dinero de Roca.

Entre las 86 personas procesadas figuran 20 ex concejales de la corporación marbellí, aunque uno de ellos, Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil, acusado de cohecho, blanqueo, fraude y contra la ordenación del territorio, lo está por negocios urbanísticos realizados después de abandonar el consistorio en 1997. Entre los ex cargos públicos imputados por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, están los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. Ésta, según el juez, recibió de Roca 1.323.896 euros en sobres procedentes de los cohechos pagados por promotores en los tres años que fue alcaldesa.

Muñoz además sigue imputado en una pieza separada por blanqueo de capitales, en la que también figura su compañera sentimental, la tonadillera Isabel Pantoja, y su ex esposa, Mayte Zaldívar, que no serán procesadas por el caso Malaya.

Entre los ex concejales procesados figuran la ex primer teniente de alcalde tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos, y el ex concejal andalucista Carlos Fernández, que se encuentra en busca y captura. Ayer se conoció además que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que Fernández puso contra la sentencia que le condenó a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación al haber desviado dinero de un club deportivo municipal en el tiempo que fue concejal del GIL.

También está imputado el que fuera secretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes y el ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, por cohecho, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.

En la lista de procesados figuran 25 personas acusadas de blanqueo que eran testaferros del presunto cerebro de la trama, y 29 empresarios imputados de cohecho y en algunos casos también de blanqueo de capitales y fraude. Entre ellos, el presidente y cuatro directivos de la inmobiliaria Aifos, los promotores inmobiliarios Tomás Olivo, José Ávila Rojas, Fidel San Román, Rafael Gómez, Eusebio Sierra o Emilio Rodríguez Bugallo. Y concesionarios de servicios municipales como la grúa (Ismael Pérez Peña) o los autobuses urbanos (Joaquín Martínez Vilanova y Julio de Marco).