La nueva ley de la RTVA exige que se elija a su director por dos tercios del Parlamento

Después de años de controversia, la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se va a colocar en el vértice de las cadenas públicas autonómicas de España en cuanto a la participación y control parlamentario. El Consejo Gobierno de la Junta aprobó ayer una nueva ley que establece que el director general tendrá que ser elegido por una mayoría superior a dos tercios del Parlamento (ahora lo elige el Ejecutivo). Si no se alcanza en una primera votación, se hará por tres quintos. El Gobierno quiere que la Cámara tramite la ley por vía de urgencia para que la apruebe antes de que termine la legislatura.

La nueva norma, que deroga la actual de 1987, se mueve en unos parámetros parecidos a la reciente Ley de la RTVE, aunque no es exactamente igual. El pleno del Parlamento de Andalucía será quien elija al director general por una mayoría de dos tercios (73 diputados de 109), pero se añade (y esto no ocurre con la RTVE) que si en la primera votación no se logra un acuerdo, en una segunda bastará con tres quintos (66 diputados). Para evitar atascos, en ambos textos se incluye una cláusula que permite la designación por mayoría absoluta si persiste la disensión, pero sólo es aplicable la primera vez que se elija por este sistema al director general.

En cualquier caso, Andalucía será la primera comunidad autónoma que obligará a obtener de su asamblea legislativa el apoyo de dos tercios para la designación del máximo directivo. En Extremadura se requieren tres quintos, y en el País Vasco basta con la mayoría absoluta. En el resto de las autonomías, son los gobiernos quienes lo nombran. Los mandatos, tanto del director general como del Consejo de Administración (15 componentes), serán de seis años renovables una sola vez. Los miembros del consejo y su presidente serán elegidos también por el Parlamento por una mayoría de tres quintos.

Otras novedades reseñables son los instrumentos de gestión, como la Carta de Servicio Público, que fija las prioridades y estrategias de actuación, por un periodo de seis años, y los contratos programas, que serán trianuales. La Cámara de Cuentas controlará financieramente al ente, y el recién creado Consejo Audiovisual, su función de servicio público. Un Código de Conduca Comercial regulará las normas de contratación de publicidad (institucional y no institucional) y espacios comerciales, así como las licitaciones públicas. Los consejos de Administración y Asesor deberán ser paritarios.

La polémica sobre cómo lograr más pluralidad en la radio y televisión pública andaluza lleva rodando más de una década. En la llamada legislatura de la pinza (mandato de 1994 a 1996, en el que PP e IU sumaban mayoría en el Parlamento), se reformó la ley para que fuera el Parlamento quien nombrara al director general. Nunca llegó aplicarse, y tras las elecciones anticipadas de 1996, en la que el PSOE recuperó su holgada representación, la ley volvió a su estado inicial. En las dos legislaturas posteriores el tema se llevó cíclicamente al hemiciclo, hasta que en 2004, por inspiración del PSOE federal de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, incluyó la reforma de la RTVA entre sus compromisos de investidura. Empezó entonces la controversia sobre el grado de mayoría exigible: mientras que el Gobierno andaluz consideró que era suficiente tres quintos del Parlamentos, el PP reclamó dos tercios, con el argumento de que en el primer caso este partido se queda fuera: al PSOE le basta con el apoyo de uno de los grupos minoritarios. Aunque el Ejecutivo llevó una reforma a la Cámara en septiembre de 2004, el proyecto se encastilló y tuvo que retirarlo el verano pasado. La nueva ley, que debe aprobar la Cámara antes de que finalice la legislatura, ya no es una reforma, sino un proyecto integral y nuevo.

"Esta ley ha dado más vueltas que un trompo", dijo ayer el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, pero ahora hará de la RTVA una de las "televisiones públicas más plurales y transparentes del país". Zarrías explicó que se ha introducido la opción de una segunda vuelta con tres quintos para "que ningún partido pueda ejercer derecho al veto".