Seis embalses cercanos a casas carecen de plan de emergencia

Nueve embalses gestionados por Iberdrola y Unión Fenosa en Galicia carecen de planes de emergencia para afrontar una catástrofe en caso de rotura y seis de ellos están ubicados junto a núcleos de viviendas. Así lo admite el Ministerio de Medio Ambiente en una respuesta parlamentaria al BNG. Los nacionalistas alertan de que estas instalaciones están en "riesgo potencial" y critican que el Gobierno central eluda aclarar si obligará a las eléctricas que explotan las presas a subsanar estas deficiencias de seguridad.

La mayoría de los embalses que carecen de planes de emergencia están ubicados en municipios de la provincia de Ourense. Aquellos que amenazan áreas habitadas son la presa de As Portas, ubicada en Vilariño de Conso (Ourense) y explotada por Iberdrola desde 1974 en la cuenca del Sil, en el río Camba; Azud de Vil, dependiente de Fenosa; Edrada, en Vilariño de Conso (Ourense), gestionado por Fenosa en el río Mao; Casaio, en Carballeda (Ourense), cuyo titular es Iberdrola; Sequeiros, en el Sil a la altura de Quiroga (Lugo), también de Iberdrola; y San Pedro, en Nogueira de Ramuín, sobre el río Sil, del que saca beneficio Iberdrola.

Según la clasificación de riesgos elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, una rotura o accidente en las otras tres presas gallegas sin plan de emergencia no pondría en peligro áreas habitadas, pero sí provocaría daños materiales y ecológicos. En esta situación están los embalses de Cameixa-Viñao, en Borborás (Ourense); Mao-Leboreiro, en Montederramo (Ourense); y Azud de Cabanelas (Ourense), todos ellos explotados por Fenosa. Las instalaciones Azud de Vil, Azud de Cabanelas y Cameixa-Viñao, que gestiona Fenosa, no cumplen siquiera el requisito de tener sus normas de explotación visadas y con informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Norte, un organismo dependiente del ministerio.

Dinero público

El Gobierno central ha anunciado recientemente que invertirá 544 millones de euros hasta 2010 para financiar la adecuación de los embalses a la normativa de seguridad. El senador del Bloque Francisco Jorquera considera "cuestionable" que el Estado tenga que pagar los cambios necesarios para que unas instalaciones privadas cumplan la legislación. "Estamos hablando de explotaciones privadas en las que los titulares de los derechos de explotación de los embalses han obtenido ingentes beneficios económicos desde su construcción", argumenta Jorquera.

Los nacionalistas afirman que la rotura de un embalse "puede parecer" un desastre "poco habitual", pero apelan a las estadísticas para advertir de que el 2% de las grandes presas, las de más de 15 metros de altura, "fallan de forma catastrófica", mientras que un 4% tienen "graves problemas, con secuelas medioambientales, económicas y humanas".