Intervenidos escritos electorales en un centro social del Gobierno de Melilla

El presidente del PP en Melilla, Arturo Esteban, negó ayer que su partido, que gobierna dicha ciudad autónoma, compre votos a cambio de vales de comida, ya que las personas que reciben ayudas son extranjeras. La documentación requisada en un centro social de la Administración melillense contradice sus datos: más de 25 personas subvencionadas con vales de comida estaban censadas y se hallaron 71 solicitudes de voto por correo.

Los "90 votos" de una pegatina se aproximan a los certificados del censo aprehendidos

Avisos requisados: "Consiguieron más votos porque echaban de menos las ayudas"

La plana mayor del PP melillense salió ayer en tromba tras difundir este diario que la Guardia Civil, por orden judicial, había registrado un centro de enseñanza dependiente del Gobierno de dicha ciudad en busca pruebas de un presunto delito electoral: la compra de votos de personas indigentes, mayoritariamente de origen musulmán, a cambio de ayudas económicas. El registro en dicha oficina proporcionó abundante documentación de un insólito trasiego de votos por correo desde dicha dependencia de la Consejería de Educación relacionados con sus alumnos y subvencionados.

Pese a tales evidencias, el portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, realizó el siguiente augurio: "Esta denuncia terminará en el cesto de la basura como las anteriores. Es una nueva falsa denuncia de Coalición por Melilla. Son ayudas para personas con una situación de urgencia. Hay gente que no puede pagar ni los pañales y tenemos que ayudarles, que es la función de la administración". Conesa cifró el monto de tales ayudas: 338.000 euros en 2004; 512.000 euros en 2005; 469.000 euros en 2006; y 189.000 euros en lo que va de año. Detalló que en cuanto a los vales por alimentos, el año pasado el Gobierno melillense abonó 8.932 euros y otros 1.020 euros desde enero pasado.

Sin embargo, la documentación requisada por la Guardia Civil en el registro de dicho centro oficialmente habilitado para dar cursos de idiomas y vales de ayuda, ofrece signos de una labor muy alejada de tal función social y más próxima a una oficina electoral encubierta. Los elementos que hacen sospechar a los investigadores de tal labor clandestina son los siguientes:

-Durante el registro se localizaron 71 solicitudes de voto por correo con el consiguiente resguardo de correo que acredita haber dado tal paso para recibir ya la documentación censal y electoral con vistas a ejercer su voto.

-87 certificados del censo electoral.

-Al menos 41 vales de comida por valor de 60 euros.

Pero no se trata sólo de que coincidan en un mismo centro oficial vales de comida con solicitudes de voto por correo, que se cruzan en un número aún indeterminado de casos. Unos indigentes que, en contra del aserto del Gobierno popular melillense, en al menos 25 casos estaban censados, y por tanto, podían ejercer su voto. Algo que no era una hipótesis: al menos una decena ya había cumplido todos sus trámites y tenía completa su documentación electoral, incluido el sobre con su voto en favor del PP. Sólo faltaba echarla al correo. Por si no fuera ya extraordinaria tal acumulación de documentación electoral en un centro volcado en la ayuda social, la Guardia Civil requisó decenas de pegatinas con frases muy significativas que sólo pueden interpretarse en tal clave:

-"90 votos". [Esta cifra se aproxima al número de certificados censales hallados en el registro del centro social]

-"M. y H. quieren votar el domingo".

-"J. y Z. faltan por votar. (hermana de J.)".

-"Consiguieron más votos porque la gente echaba de menos las ayudas".

-"Solicitó el ENI y le dijeron que no".[ ¿I.M.I., ingreso mínimo de inserción?]

Y junto a ello, otras frases enigmáticas:

-"Nuestro trabajo no está pagado".

-"Tenemos que pensar en nosotros mismos".

Y entre medias, pegatinas con las ayudas prestadas por cabeza:

-"F., con dos hijos, 350 euros".

Toda esta insólita documentación sobre esta acitividad paralela de este centro social obra ya en poder de la autoridad judicial. Fuentes de la investigación impulsada por el juzgado número 5, la fiscalía y la Guardia Civil se mostraban ayer muy satisfechos del valor probatorio de la documentación requisada.

"Podía haber salido mal, porque antes de entrar a registrar no se sabía que podía haber dentro del centro oficial de enseñanza, pero ha salido bien". En principio, junto al posible delito electoral, en la medida en que se ventila el uso de dinero público para la presunta compra de votos de indigentes, no se descarta que entren en juego otras posibles figuras penales, como malversación o soborno.