La guerra del Ebro hace aguas

El trasvase del Ebro era la única solución al déficit hídrico y su derogación abocaba a los valencianos a un escenario de estancamiento económico y cortes en el suministro. La oscura profecía lanzada por el PP hace tres años, cuando el Gobierno socialista eliminó el trasvase, no se ha cumplido. Que la Comunidad Valenciana necesita más agua es un hecho. También que la alternativa del Programa Agua ha tardado en despegar. Sin embargo, la propia gestión hídrica de la Generalitat demuestra el potencial de la reutilización de aguas depuradas o la modernización de regadíos para ganar recursos, en la línea del Programa Agua, que también impulsa desaladoras que darán agua en la nueva legislatura. La política de confrontación con el Ejecutivo empieza a hacer aguas. Y la sequía, que le ha servido de argumento para tensar la cuerda, afloja. El Júcar ha salido del estado de emergencia y el Segura tiene más reservas que el año pasado tras las lluvias.

La decisión de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de anular el trasvase del Ebro, obra estrella del Plan Hidrológico Nacional (PHN), desencadenó una auténtica tormenta y las relaciones con el Consell no han dejado de empeorar. Murcia y la Comunidad Valenciana, al contrario que Cataluña y Andalucía, rechazaron desde el principio la alternativa del Programa Agua, que para los valencianos promete en menor plazo que el trasvase 460 hectómetros cúbicos frente a los 350 del Ebro con obras de racionalización, reutilización y la desalación, denostada por el PP.

La ofensiva de Francisco Camps por mantener viva la reivindicación del trasvase del Ebro ha combinado presión política con apoyo económico. El Consell ha destinado 700.000 euros de los contribuyentes a sufragar la defensa jurídica de los afectados por la derogación, y un millón anual en los últimos dos ejercicios a la Fundación Agua y Progreso, cuyos congresos ensalzan el trasvase. Consell y PP no han perdido ocasión en agitar la bandera trasvasista. En los tribunales esperan, además, los recursos contra los nuevos estatutos de autonomía de Aragón y Cataluña, que rechazan la obra, y se anuncia otro en cuanto se apruebe el de Castilla-La Mancha, que pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. La defensa de esta transferencia y de la del Ebro ha llenado la agenda de Camps de encuentros con su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, para espolear el conflicto. La tensión se redobló cuando el Gobierno cambió el trazado del trasvase al Vinalopó con el respaldo de los regantes del Júcar y un importante movimiento social. El PP levantó ampollas al apoyar con una manifestación a los agricultores de Alicante frente a los de Valencia. Adjudicada la obra, que dará agua al campo alicantino, Camps y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, su fiel aliado, intentaron sin éxito resucitar una queja ante la Unión Europea, que ha aumentado su ayuda a 120 millones de euros. Tampoco ha resistido a la realidad el fantasma de la pérdida de la aportación europea a proyectos hídricos. El trasvase del Ebro nunca obtuvo dinero de Bruselas, el Programa Agua sí.

Camps insiste en el agua del Ebro al tiempo que proclama que "la Comunidad Valenciana lidera la depuración y reutilización en España". Las cifras revelan que la capacidad de generar recursos alternativos no está agotada: se depuran 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales y aunque sólo se reutilizan 175, ya suponen la mitad del trasvase. La cifra de 350 hectómetros se alcanzará en 2010. La modernización de regadíos añade importantes ahorros. Con las actuaciones del Gobierno y la Generalitat casi se gana otro trasvase.

La Generalitat ha asignado a obras de depuración y reutilización 615 millones de euros y prevé que el Plan de Infraestructuras Estratégicas gaste otros 1.000. El Gobierno ha pisado el acelerador tras heredar un PHN en mantillas que asume en parte el Programa Agua, y si bien la adjudicación de proyectos ha consumido tiempo, empieza a ver los frutos con actuaciones como la depuradora de Albufera Sur o la reparación del embalse de Arenós. En un año, prevé tener listas obras para aportar 145 hectómetros cúbicos. El aumento de la inversión es sustancial: el ministerio ha comprometido 509,4 millones de euros en tres años, frente a los 176 de los tres precedentes, con Gobierno popular. Acuamed estima alcanzar los 2.000 millones de euros para obtener 460 hectómetros cúbicos, de los que 160 se ganarán con seis desaladoras en los próximos años. El Consell las ha bautizado como "nucleares del mar" y ha emprendido una cruzada para detenerlas. El caso más rocambolesco es el de la planta de Torrevieja. La Unión Europea, que la apoya con fondos, acaba de rechazar la queja del Consell por infundada.

Donde no parece faltar agua es en la industria del ladrillo. La Generalitat aprueba un plan urbanístico tras otro con dictámenes negativos de la CHJ. La Comunidad Valenciana crece, aun sin trasvase.