Empleadas de hogar

El Gobierno se propone elaborar una ley que regule la situación de las empleadas de hogar, una tarea a la que se dedican más de 600.000 personas en España, en su mayoría mujeres procedentes de la inmigración. Esta ley es necesaria para poner fin a la injustificable situación de desigualdad que ha padecido tradicionalmente el sector, uno de los más precarios y desprotegidos de la economía española. La norma en vigor autoriza que los contratos de servicio doméstico sean verbales, a diferencia de la que se propone tramitar el Ejecutivo. Durante años, esta práctica ha colocado a las empleadas de hogar en una insostenible situación de indefensión laboral, al dificultar la prueba de los compromisos adquiridos por el empleador y, por tanto, sus eventuales incumplimientos.

El régimen de la Seguridad Social también será objeto de una profunda revisión, que pasa por la obligación de cotizar proporcionalmente por cualquier tipo de jornada y por un ligero aumento de la cuota. Las especiales características de este tipo de trabajo -que abarca desde prestaciones de pocas horas hasta una disponibilidad que excede las jornadas autorizadas en el régimen general- no podían continuar amparando situaciones laborales extremas, aunque paradójicamente legales, y que, de hecho, oscilan entre la precariedad absoluta y la semiesclavitud. La nueva norma establece una jornada máxima de 40 horas semanales, contabilizando el resto como horas extraordinarias. Prevé además subsidios de desempleo, vacaciones e indemnizaciones por despido de un mínimo de 20 días por año trabajado, y no de siete como hasta ahora. El objetivo de estas y otras medidas es conseguir que las empleadas de hogar queden en unos años acogidas al régimen general.

La ley deberá servir también para aflorar una de las mayores bolsas de economía sumergida, junto a la construcción y la agricultura intensiva. El esfuerzo por regular de manera adecuada el trabajo doméstico constituye un paso decisivo, aunque no único, para combatir a largo plazo el fenómeno de la inmigración clandestina. El empleo ilegal es el responsable último del efecto llamada, y el trabajo doméstico ha sido durante mucho tiempo uno de sus sectores principales.