El fiscal y los líderes notorios

SI LAS PALABRAS tienen algún sentido, si no se dicen de manera irresponsable o vana, entonces las declaraciones publicadas hace una semana por el fiscal general del Estado sólo pueden interpretarse como un mensaje dirigido a Batasuna. Dijo el fiscal: "El hecho de que estas candidaturas [de Acción Nacionalista Vasca] hayan sido admitidas no es determinante de su presencia final en las elecciones y de lo que pueda suceder en el futuro". Y continuó: Si los líderes más notorios de Batasuna "se manifiestan de manera que ANV es su opción, naturalmente este comportamiento podría ser indicio adicional para su futura ilegalización o incluso para su suspensión por la vía penal".

Si en estas palabras hubiera algo más que mera improvisación, una especie de a ver qué pasa si muevo ficha, a que tanto nos tiene acostumbrado el Gobierno cuando se trata de la cuestión territorial, sea catalana, sea vasca, sólo podría ser el reconocimiento explícito por el fiscal general del Estado del cumplimiento por su parte de algún acuerdo en gestación. Como si dijera: vamos a ilegalizar la mitad de las candidaturas de ANV, pero, ojo, podemos ilegalizarlas todas y hasta podemos ilegalizar el partido entero si los líderes más notorios de Batasuna se manifiestan de manera que ANV es su opción.

No habían transcurrido ni veinticuatro horas de estas declaraciones cuando los líderes más notorios se manifestaron precisamente de la tal manera: que sí, decían al fiscal; que ANV es nuestra opción, la opción de Batasuna, a ver si tiene Su Señoría la audacia de ilegalizar el resto de las candidaturas o, ya puestos, el partido entero. Es decir, los líderes más notorios daban al fiscal una respuesta acorde con esta peculiar manera de negociar inspirada en la teoría de juegos: tú echas un órdago, yo te respondo subiendo la apuesta. Así llevamos desde que empezó el proceso y, puesto que hemos vuelto a él, ya sabemos a qué atenernos: este juego va de que ahora el cumplimiento de las leyes en vigor puede ser parcial o total según las exigencias de la negociación política.

De donde resultaría que no hemos aprendido nada. Retorcer leyes para implementar -como dicen los asesores de La Moncloa- políticas es lo peor que le puede ocurrir a la política y a la justicia. Ésta, y no otra, fue la lección de la crisis socialista de los años noventa, cuando unos jueces se convirtieron en principales policy makers -facedores de política, que diríamos- y así le fue al presidente, a su Gobierno y a su partido. Ahora es el turno de fiscales, que presentan ante el Supremo y el Constitucional una demanda que envuelve una decisión política: ilegalizar a la mitad de un partido. ¿Por qué a la mitad? Si el partido en cuestión "continúa o sucede la actividad del declarado ilegal y disuelto, o suspendido" -como dice la Ley de Partidos-, entonces hay que ilegalizarlo entero, y si no la continúa o sucede, entonces todos elegibles.

¿Por qué esta errática conducta? Como no sabemos nada de la política antiterrorista del Gobierno, excepto que se lleva a cabo con la máxima determinación, no se pueden formular más que conjeturas. La más plausible es que una propuesta de ilegalización tan imaginativa -tratar listas de un partido como si fueran de agrupaciones de electores- debía de sustentarse en algún tipo de negociación entre las partes. O las palabras del fiscal eran las de un irresponsable o bien respondían a la convicción de que la otra parte guardaría las formas. Sólo así podría explicarse que se echara a la piscina, a ver si los otros no piaban. Pero no piar es precisamente lo que no puede esperarse de unos "líderes" que por algo son "notorios": porque, ilegalizados o legales, no paran de hablar. Y hablaron, claro, dejando al fiscal general con un palmo de narices.

Si no fuera porque detrás hay una banda que no renuncia al recurso del terror para imponer su ley, todo esto no pasaría de una comedia de enredo. Pero, en fin, ésta es la política que hay, para desconcierto de una ciudadanía que, ingenua como es, espera que jueces y fiscales se atengan a la ley y se dejen de politiqueo. Y si con la ley en vigor no se puede hacer política, y si lo que interesa es negociar, dése satisfacción a los constitucionalistas que lloran la pérdida del derecho de sufragio pasivo y deróguese la Ley de Partidos. Así al menos nos veríamos libres de estos profesionales de la justicia que quieren hacer política retorciendo leyes como Salomón zanjaba maternidades: al cincuenta por ciento.