Estado democrático y de derecho

La democracia tal como la entendemos, porque así se establece por nuestro sistema político, descansa y se desarrolla a través de la división de poderes. La separación entre el legislativo, ejecutivo y judicial impide la concentración de poder en uno de ellos y hace posible el Estado democrático de derecho. Un Estado que, en el ámbito del derecho penal, exige, de una parte, que la responsabilidad criminal quede limitada a las propias acciones; de otra, que la transgresión de la ley tenga una lectura constitucional. Dicho con más claridad que únicamente hay delito cuando así se declara por los jueces y tribunales que son quienes detentan en exclusiva el Poder Judicial. Si esta distribución, y estas garantías no se respetan, podrá existir Estado; podrá existir el Derecho, pero no tendremos el Estado de derecho que proclamamos como base de nuestra sociedad. De ahí que haya que evitar e impedir que ideas u opiniones oportunistas sean las que sirvan para construir la sociedad. En caso contrario; en el supuesto que no se paren estas situaciones de oportunismo el riesgo de quiebra del Estado de Derecho es grande, pues confundirían unos y otros poderes, y la separación dejaría de ser la base del sistema.

Pues, bien, esta delimitación entre poderes, que es un hecho legal en nuestra sociedad democrática, en numerosas ocasiones viene a enturbiarse. No ya por cuanto los distintos poderes intenten reforzar sus competencias a costa de las de los demás. No. La regla general y el juego limpio, pese a estas maniobras interesadas, son las que imperan. Sin embargo, algunos grupos políticos y, en especial, algunos de sus dirigentes, tratan de sustituir a estos poderes; de suplantarlos o, sencillamente, de responsabilizar de delitos a sus adversarios políticos ante la sociedad sin esperar a los resultados judiciales. En suma olvidan que se encuentran en un Estado democrático de derecho. Un olvido que se acentúa en períodos electorales. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto la realidad de estas afirmaciones.

Las manifestaciones de Mariano Rajoy tratando de hacer ver que la detención de Isabel Pantoja era conocida por el presidente de Gobierno intentan ensuciar la separación de poderes por cuanto invita a pensar que el Ejecutivo influye en el judicial, puede servir de ejemplo. La querella del PA, en período electoral, contra IU por el robo de la cubierta cuando este robo ocurrió hace seis meses, puede ser otro. Y uno más: la atribución al grupo municipal socialista, por parte del candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, de algunas facturas que califica de presuntamente falsas.

Imputaciones y atribuciones que, en general y por acontecer en pleno período electoral, permiten pensar que son oportunistas; que sólo buscan el desprestigio de los adversarios políticos y no la verdad material de los hechos, que son la base sobre la que descansa el sistema democrático y de derecho. Amén de que olvidan conscientemente que, salvo en el caso de Herri Batasuna, los actos delictivos son responsabilidad de las personas, y no de los grupos políticos. Es una situación, pues, de la que hay que huir; y si bien es verdad que resulta difícil que algunos dirigentes políticos respeten estas reglas del juego limpio -a la vista está con estos ejemplos y algunos más- resulta totalmente exigible que quienes detentan los distintos poderes no entren en este juego. Su entrada, de darse, podría servir de ayuda a determinados dirigentes de los grupos políticos que se valen de estos métodos para lograr unos resultados que, sin ellos, no conseguirían.

Esta situación que obliga a extremar la prudencia judicial en su difícil y responsable labor de la instrucción. Es la manera de evitar y entrar en el juego de quienes solo buscan su propio interés y servirse de la justicia, buscando compañeros y haciendo gala de este compañerismo para crear una imagen que les ayude en un viaje que deben hacer sin este amparo.

Sin duda en una España, en la que estos métodos han sido empleados hasta el hartazgo, fiscales y jueces en activo no van a entrar sin más en el juego de judicializar hasta el ensuciamiento el proceso electoral pues esta entrada, de darse, solo serviría para minar el Estado de derecho y a la sociedad, a la que están obligados a servir y a la que sirven. Es nuestra tranquilidad.

Eugenio Suárez Palomares es fiscal y magistrado del TSJA en excedencia.