La fiscalía recurre el archivo del caso de los impresos del voto por correo en Melilla

La fiscalía, el PSOE y Coalición por Melilla (CpM) han recurrido la decisión de la juez Julia Adamuz de dar carpetazo a la supuesta falsificación de solicitudes de voto por correo encargada por Javier Lence, gerente electoral del PP en Melilla. Creen que la juez decretó el archivo y sobreseimiento sin practicar antes unas diligencias pedidas por el fiscal y, además, con la sola declaración del imputado. "Existen evidentes indicios de la eventual comisión de alguno o algunos delitos electorales (...) sin perjuicio de otra calificación que pudiera derivarse de la instrucción", dice el fiscal.

La juez Adamuz, sustituta de la titular del juzgado número 3 de Melilla, decretó el pasado día 20 el sobreseimiento y archivo del caso del voto por correo en el que estaba imputado Lence por supuesta falsedad en documento público en relación con un posible fraude electoral. Este escándalo saltó en el curso de la Operación Estampa que realizaba la Guardia Civil sobre la imprenta Marfeme, sospechosa de falsificar etiquetas de caducidad de alimentos y envases de jabón Ariel, así como sellos aduaneros.

Gracias a los pinchazos telefónicos, la Guardia Civil oyó el pasado día 4 cómo Lence encargaba 1.000 impresos de solicitud de voto por correo, añadiendo que tenían que ser "calcados" a los oficiales. El día 12, sin embargo, Lence telefoneó al impresor ordenándole la inmediata destrucción de los impresos y que no le hiciera ningún tipo de factura.

A fin de esclarecer este posible fraude, el fiscal había solicitado una serie de diligencias consistentes en que tanto Correos como la Delegación del Gobierno de Melilla informaran de si el PP o sus miembros les habían pedido recientemente la entrega de "numerosos" impresos de solicitud de voto por correo. Pero la juez ordenó el archivo del caso.

El fiscal recuerda ahora que el 20 de abril solicitó "la práctica de diversas diligencias encaminadas a verificar la realidad de las declaraciones exculpatorias del inculpado, al parecer inverosímiles por la secuencia temporal de los hechos". Al no hacerse esas averiguaciones, la fiscalía sostiene que la juez se apoyó sólo "en las declaraciones del propio imputado haciendo uso de su derecho a no decir la verdad y a no declararse culpable".

"El imputado [Javier Lence] quiso hacerlo y sabía lo que hacía (la imitación idéntica de un impreso oficial para que se confundiera entre los auténticos) con finalidades hasta ahora desconocidas o que no se han llegado a producir", sostiene el fiscal. Éste relaciona este hecho con la decisión de Lence de destruir las reproducciones de los formularios ya impresos.

"Apenas dos semanas antes de que la juez de Instrucción dictara el auto [de archivo] sí se consideraba que existían indicios de delito en los hechos investigados", remacha el escrito del PSOE. "En esas escasas dos semanas, los hechos no han variado y la única prueba que se ha practicado es la declaración del imputado, lo que a la vista de los derechos constitucionales recogidos en el artículo 24 no parece suficiente para hacer variar la opinión jurídica de la señora instructora", agrega.

Los socialistas se muestran "sorprendidos" de la decisión de la juez. "Desconoce esta parte qué razón objetiva le ha llevado [a la juez] a tomar tal decisión, puesto que unos días antes, con los mismos hechos, presumía la existencia de una infracción penal. Y no sólo eso, sino que existían unas diligencias instadas por el Ministerio Fiscal, a las que hace caso omiso, que, al menos, podían llevar a tomar una decisión más fundamentada".

Resolución irracional

Tanto el PSOE como CpM creen que la decisión de la juez Adamuz "carece de la racionalidad jurídica necesaria y por ello procede la revocación del auto de sobreseimiento libre y archivo, dictándose otro por el que se proceda a la continuación de las diligencias previas".

El recurso del PSOE también discrepa de lo dicho por la juez respecto a que la actuación de Lence no fue dolosa porque éste canceló el encargo y manifestó que desconocía que tales impresos son un documento oficial. La magistrada señalaba en su auto de archivo de la causa que "no resulta acreditada ni probada la intención maliciosa de los procesados (...) y en consecuencia no resulta justificada la perpetración del delito que ha dado origen a este procedimiento".

Coalición por Melilla se explaya mucho en argumentar que los impresos de solicitud para votar por correo son "incuestionablemente un documento oficial", a pesar de carecer de sello de la Administración o copyright. Tras recordar que Lence pidió al dueño de la imprenta que le confeccionase 1.000 impresos "calcados" a los oficiales, los socialistas creen que "la juez se arroga una función que no le corresponde, debiendo ser en fase de juicio oral donde se valoren las declaraciones testificales, a fin de determinar si las mismas tienen entidad suficiente para constituirse en prueba de cargo enervadora del principio de presunción de inocencia".