Un pacto de Justicia con los abogados garantiza el turno de oficio gratuito

Nubarrones despejados. La continuidad del turno de oficio está garantizada y el Departamento de Justicia no se plantea la privatización ni la externalización que se consideró al final del mandato del anterior consejero, Josep Maria Vallès. Esa hipótesis puso en pie de guerra a los abogados, que hasta se llegaron a manifestar contra la idea, pero ayer firmaron la paz para mantener el servicio público como estaba.

El turno de oficio cuesta cada día a las arcas de la Generalitat 135.000 euros. Este año, por tanto, se gastarán 47,17 millones de euros para pagar a los abogados y procuradores y otros 2,19 millones para costear la gestión. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, firmó ayer un convenio para mejorar el servicio de justicia gratuita con los presidentes de los consejos de colegios de abogados y de procuradores de Cataluña, Pere Lluís Huguet y Anna Moleres, respectivamente.

"La sociedad no nos habría perdonado que no nos hubiéramos puesto de acuerdo", dijo Tura, al tiempo que citaba la Constitución y el Estatuto para resaltar la importancia del derecho de defensa. El presupuesto de este año se incrementa en un 2,8 % el del año anterior, justo la inflación de 2006 en Cataluña.

Más allá del acuerdo, Justicia y los colegios de abogados y procuradores formarán un grupo de trabajo para mejorar la prestación del servicio. Será ahí donde cada parte plantee sus propuestas. Los abogados de oficio han evaluado que el 30% de las designaciones podrían evitarse porque se pleitea en asuntos que se sabe de entrada que no prosperarán. La Generalitat, por su parte, no descarta que, manteniéndose la forma actual del servicio público, se introduzca alguna fórmula de copago para subvencionarlo simbólicamente.

Alternativas descartadas

Son flecos que aún están por decidir, pero el meollo de la cuestión es que el turno de oficio seguirá siendo un servicio público que continuarán gestionando los colegios de abogados y que está abierto a todos los letrados que quieran ejercerlo. Se dispersan así algunas de las alternativas estudiadas hace unos meses para que ese servicio saliera a concurso público o en régimen de concesión a los despachos que optasen a una hipotética convocatoria.

"El convenio que hemos firmado es un punto de llegada", dijo la consejera Tura. "Y de salida", apostilló el máximo representante de los abogados catalanes. Sea como fuere, es un servicio que el año pasado realizó más de 52.000 asistencias a detenidos que cumplían las normas que marca la ley para disfrutar de ese derecho a abogado gratuito. Y se realizaron otras 121.000 actuaciones judiciales de abogados y procuradores.

Para amplios sectores sociales es la única manera que tienen de defender sus intereses ante los tribunales. Para centenares de abogados es una forma indudable de ganarse la vida. Los precios que cobran nada tienen que ver con los del mercado libre. Un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por ejemplo, se paga con 359 euros en el turno de oficio, una cantidad que más bien parece una propina si se compara con lo que puede cobrar un abogado conocido.