Bajo bandera pirata
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES se abre el plazo -se cerrará el 23 de abril- para la presentación de candidaturas por los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que quieran concurrir a los comicios del 27 de mayo convocados en todos los municipios españoles y en 13 de las 17 autonomías. Escasas sorpresas depararán las listas de las formaciones políticas que hayan designado desde hace meses sus candidatos a las presidencias de las comunidades y a las alcaldías de las grandes capitales y ciudades. La única gran incógnita a despejar serán las argucias preparadas por la disuelta Batasuna para participar en las elecciones municipales y forales del País Vasco y de Navarra (donde además se renueva el Parlamento) bajo una bandera pirata que le permita eludir la interdicción legal dictada hace cuatro años por el Supremo y colarse sigilosamente de rondón en el escrutinio.
La apertura el día 18 del plazo de presentación de candidaturas agota el margen de maniobra de los dirigentes de la disuelta Batasuna para participar en los comicios
La operación de contrabando no será fácil. La Ley de Partidos de 27 de junio de 2002 considera fraudulenta la creación de una nueva formación política o la resurrección de otra ya inscrita en el Registro que continúen la actividad de un partido declarado ilegal (artículo 12.1.b); la norma también prohíbe las candidaturas de las agrupaciones de electores que de hecho vengan a garantizar esa sucesión (Disposición Adicional Segunda modificadora de la Ley de Régimen Electoral). Tras la ilegalización de Batasuna dictada por el Supremo en marzo de 2003, las maniobras de sus dirigentes para engañar al Gobierno y a la Fiscalía General mediante disfraces variopintos han fracasado. Así ocurrió en las elecciones locales vascas y navarras de 2003 con la Plataforma para la Autodeterminación (AuB en euskera) y con 225 de las 249 agrupaciones de electores de ámbito municipal concurrentes a las urnas; en las europeas de 2004, con Herritarren Zerrenda, y en las autonómicas de 2005, con Aukera Guztiak. Todas esas máscaras fueron ilegalizadas. Pese a la demanda de disolución exigida por el PP, la fiscalía no ha encontrado todavía pruebas suficientes para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHKA en euskera), que fue inscrito el año 2002 en el registro del Ministerio del Interior -cuando Acebes y Astarloa regían el departamento- de forma pacífica y que recibió 150.000 votos en las autonómicas de 2005 a instancias de los dirigentes de la disuelta formación de la izquierda abertzale.
Esta vez, sin embargo, Batasuna ha decidido con gesto provocador asaltar las urnas a pecho descubierto e inmolarse en el altar de la ilegalización. Así, el nombre, los promotores y los estatutos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el nuevo partido presentado en el registro del Ministerio del Interior, anunciaban claramente el propósito de continuar la actividad de la disuelta Batasuna; la demanda interpuesta por el fiscal general ante la Sala Especial del Supremo conducirá inevitablemente al rechazo de su inscripción. Tampoco las agrupaciones de electores que Batasuna ha urdido municipio a municipio -"es obvio que somos nosotros", ha declarado su portavoz Permach- ocultan su estrecho parentesco con ASB, cuyo emblema y objetivos asumen.
Los encapuchados de ETA entrevistados el pasado domingo por Gara alientan ese provocador desafío: "No nos sentimos ilegales, aunque una legalidad extranjera que no aceptamos nos quiera hacer creer esto. Los vascos no tenemos que buscar sitio en la legalidad española". Hay razones para temer que esa jactanciosa actitud esté siendo acompañada en paralelo por la silenciosa preparación de listas blancas de electores en cada municipio; además, Batasuna ha recuperado las siglas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido fundado antes de la Guerra Civil y durmiente en el registro del Ministerio del Interior. Pero es improbable que la izquierda abertzale tenga capacidad organizativa suficiente para multiplicar en casi 300 ayuntamientos el número de candidatos a concejales de las listas negras que la eficaz operación de ocultamiento de las listas blancas exigiría.
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