Ayuntamiento, Junta y Fomento, obligados a retirar su publicidad institucional en Cádiz

La Junta Electoral de zona ha exigido al Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, gobernados por el PSOE, que suspendan la publicidad institucional que mantienen en la ciudad hasta que finalice el periodo electoral. Las tres administraciones deberán retirar vallas y carteles propagandísticos, y el Consistorio tendrá además que parar la inserción de anuncios en prensa, radio y televisión. Por su parte, la Diputación de Cádiz deberá clausurar, al menos temporalmente, la exposición El nuevo puente sobre el futuro tercer acceso a Cádiz.

La Junta Electoral de zona adopta esta decisión por considerar que estas actividades incumplen la ley 6/2005 reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, así como la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional. Esta normativa limita la publicidad institucional entre la fecha de la convocatoria de las elecciones, el pasado 3 de abril, y el día de la votación, el próximo 27 de mayo, y restringe la actividad de las administraciones a los mensajes estrictamente informativos. La ley andaluza prohíbe también la "manifestación pública de presentaciones, inauguraciones u otros eventos de similar naturaleza, de obras, edificaciones, servicios públicos, y en general de proyectos, realizaciones o resultados" de las Administraciones y organismos públicos.

La resolución, que llega tras varios recursos de PSOE, IU y PP, exige al Ayuntamiento de Cádiz que retire 22 vallas publicitarias instaladas en la ciudad sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); la campaña turística del Ayuntamiento; Onda Cádiz, la televisión municipal; y el segundo puente. El equipo de gobierno, del PP, ya ha exigido la retirada de estas últimas.

Sin embargo, el Ayuntamiento recurrirá la decisión de la Junta Electoral sobre la publicidad del PGOU. Para el Consistorio gaditano "están dentro de la legalidad vigente, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obliga a las administraciones locales a poner a disposición del ciudadano los avances de los planes generales para que los conozcan, se informen y presenten alegaciones".

En caso de que este nuevo recurso ante la Junta Electoral no prospere, el equipo de gobierno está dispuesto a buscar "otros usos informativos y compatibles" para trasladar el contenido del avance del PGOU a la ciudadanía.

Por cierto, que el Ayuntamiento de Cádiz deberá además hacer frente a una multa de 30.000 euros por mantener dos vallas publicitarias en los alrededores del Balneario de la Palma, declarado Bien de Interés Cultural. La Consejería de Cultura había advertido al Ayuntamiento en dos ocasiones, en enero y en marzo, de la ilegalidad de estas instalaciones, que incumplen la ley 16/8 de Patrimonio Histórico Español. Puesto que las vallas se han mantenido, la consejería ha incoado un expediente que, junto con la sanción, obliga a la retirada de la publicidad.

El candidato del PSOE de Cádiz, Rafael Román, calificó ayer de "victoria absoluta" la resolución de la Junta Electoral. El socialista aplaudió que la ciudad vaya a quedar "sin vallas, sin publicidad y sin autobombo".

Lecciones de ética

Para la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, la decisión demuestra, sin embargo, "que el PSOE utiliza los recursos públicos para un aprovechamiento electoral". Tanto la Junta de Andalucía, que tendrá que eliminar unas vallas sobre rehabilitación de viviendas en la barriada del Cerro del Moro, como el Ministerio de Fomento, que se verá obligada a quitar los carteles sobre el comienzo de las obras del segundo puente, se han visto afectados por esta decisión.

Una prueba, según Martínez, de que los socialistas "no pueden dar lecciones de comportamiento ético".

Por otro lado, los socialistas podrán volver a instalar en las plazas de Cádiz su carpa informativa, que había sido prohibida por la Policía Local, después de que la junta de gobierno le diera ayer el visto bueno ante el informe favorable de los técnicos municipales. La Junta Electoral había advertido en su resolución de que "el cumplimiento de la normativa municipal no puede ser un obstáculo utilizado para evitar que las asociaciones y partidos desarrollen las actividades que le son constitucionalmente reconocidas".