Los menores castigados con trabajos sociales reinciden menos que los condenados a encierro

Para corregir a un adolescente amante de los caballitos temerarios con su moto, la fiscal Auxiliadora de la Rosa dispone de varias recetas. Una de ellas consiste en enviarlo a colaborar con un hospital de tetrapléjicos. "Es mano de santo", dijo ayer en un jornada sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La eficacia de estas medidas queda patente en el hecho de que los menores reinciden menos que los infractores encerrados en centros. La Fiscalía de Menores de Cádiz criticó que estas recetas no puedan aplicarse con diligencia en la provincia por falta de medios: 120 medidas dictadas no fueron cumplidas desde 2006.

Andalucía cuenta con un red de 16 centros de reforma juvenil, con capacidad para 779 plazas. La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, hizo hincapié sobre el gran número de menores que cumplieron medidas en medio abierto (6.138 jóvenes durante 2006) frente a los que tuvieron que ingresar en alguna residencia de reforma (1.217 el mismo año). El internamiento está reservado para los delitos de mayor gravedad, mientras que las faltas y los delitos en los que no hay intimidación pueden ser susceptibles de otro tipo de medidas.

Son este tipo de condenas en beneficio de la comunidad o los programas reeducativos en régimen abierto las resoluciones que resultan más eficaces, a la vista de la baja reincidencia de los infractores. La coordinadora de la Fiscalía de Menores de Sevilla, Auxiliadora de la Rosa, señaló que la reincidencia de los menores a los que se aplican medidas extrajudiciales es inferior al 2%. Un estudio elaborado en Cataluña evidenció que la tasa de reincidencia del menor internado duplicaba la del castigado a una pena en régimen abierto (24% frente a 12%), según expuso uno de los participantes.

"Tenemos que propiciar ese recurso porque funciona extraordinariamente", comentó De la Rosa durante la jornada celebrada ayer en Sevilla a la que asistieron fiscales, representantes de entidades que gestionan centros y de la Consejería de Justicia y Administración Pública, que asumió las competencias en materia de reforma juvenil en 2004. Una de las voces críticas fue la de la coordinadora de la Fiscalía de Menores de Cádiz, que se quejó de la falta de medios para poder ejecutar medidas de tipo abierto en localidades como Jerez.

Desde 2006, informó, han prescrito 120 medidas dictadas para infractores juveniles y que no han podido cumplirse por carencia de recursos. "El mayor problema es que no se ejecutan", indicó. Contrasta la situación gaditana con la de Sevilla, donde la fiscal Auxiliadora de la Rosa indicó que las medidas extrajudiciales se ejecutan de forma "inmediata", a diferencia de las otras.

Durante la jornada, la consejera de Justicia anunció que se implantará un sistema informático para la gestión digital del expediente único del menor, de forma que puedan acceder los distintos profesionales implicados en la justicia juvenil. El proyecto está en fase experimental. "Era importante que los campos fueran independientes para tener acceso sin vulnerar la seguridad y la privacidad del menor", indicó María José López.

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entró en vigor en 2000, fue modificada el año pasado. Entre los cambios, que están vigentes desde febrero, figura la rebaja de la edad de aplicación de esta legislación (podía llegar a los 21 años con el texto anterior), la ampliación de supuestos en los que se podrá internar a los infractores o hacerlo como medida cautelar.