El final del viaje

La entrevista a dos terroristas encapuchados publicada el pasado domingo en Gara destruye las últimas esperanzas puestas en un comunicado de ETA que anunciara su disolución. En paralelo, los dirigentes de la ilegalizada Batasuna han procedido a su voluntario suicidio electoral: la presentación en el registro de partidos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y el anuncio de su intención de promover agrupaciones electorales para los comicios municipales no podían sino tropezar con obstáculos jurídicos tan previsibles como insalvables. Los dos encapuchados reivindican "la legitimidad de la lucha armada": la banda terrorista "seguirá luchando hasta conseguir sus objetivos fundacionales", esto es, la independencia y la unidad territorial de Euskal Herria como Estado soberano integrado por el País Vasco, Navarra y los territorios vasco-franceses. La petición de que ETA desaparezca esconde "un gran sin sentido": aunque fuese derrotada, "siempre habrá ciudadanos organizados dispuestos a tomar las armas para garantizar la supervivencia de Euskal Herria".

Se esfuman así las expectativas creadas por la resolución del Congreso de mayo de 2005 para conseguir el cese dialogado de la violencia a través de la disolución negociada de ETA y la incorporación al sistema democrático de la izquierda abertzale. Ante el decepcionante final de ese frustrado viaje, las tentativas de echarle las culpas al Gobierno sería una manifestación de sectarismo partidista y de oportunismo político: al igual que ocurre con los atentados, los únicos responsables de este lamentable fiasco son los terroristas. En efecto, la infracción de las premisas sobre las que ETA hizo descansar el alto el fuego permanente declarado el 22 de marzo de 2006 es clara. La propuesta de paz que los dirigentes de Batasuna anunciaron en Anoeta el año 2004 como si fuese un nuevo Evangelio marchaba sobre dos carriles paralelos: una negociación política entre los partidos vascos (incluida la izquierda abertzale) y una negociación técnica entre el Estado y ETA circunscrita exclusivamente a las armas y a los presos. Sin embargo, los encapuchados de Gara proclaman ahora el omnímodo derecho de ETA a tutelar las negociaciones políticas (al igual -mantienen- que hizo el Ejército español durante la transición a la democracia) hasta que haya en Euskal Herria "suficientes condiciones democráticas y suficientes garantías para mantener esa situación".

El atentado de Barajas ejemplifica la forma de entender esa tarea de supervisión política: "Fue una acción armada de respuesta a los ataques permanentes del Gobierno español". Los encapuchados mantienen que el Ejecutivo habría incumplido sus compromisos de "desactivar la máquina represiva" contra la izquierda abertzale, transustanciada milagrosamente en el cuerpo místico de Euskal Herria y el pueblo vasco. La entrevista no revela, sin embargo, el contenido de esos acuerdos -supuestamente quebrantados- entre los emisarios del Gobierno y los representantes de ETA. En cambio, los encapuchados condenan con escándalo que el Ejecutivo haya "colocado como límite la Constitución Española"; los terroristas desmienten así la injuriosa campaña lanzada contra el presidente Zapatero por haberse rendido ante ETA, una grave acusación de la que los dirigentes del PP deberían retractarse por simple lealtad a su papel de principal partido de la oposición.

Por lo demás, los incumplimientos denunciados por los encapuchados no incumben al Poder Ejecutivo sino al Poder Judicial: el nuevo cómputo de la redención de penas aplicado por el Supremo, la condena a tres años dictada contra De Juana por un artículo escrito en prisión o el agravamiento de las penas a los militantes de Jarrai -transmutados en "la juventud vasca"- durante el trámite de casación. También corresponderá al Supremo y al Constitucional pronunciarse sobre la ilegalización de ASB y de las agrupaciones electorales sustitutorias: si así sucediera -profetizan ominosamente los encapuchados- "ETA lo tomaría muy en cuenta". La amenaza invierte los nexos de responsabilidad de las posibles muertes causadas por los eventuales atentados en represalia de que Batasuna no concurra a las urnas: los terroristas desplazan así la culpa de sus crímenes hacia el Gobierno. Confiemos en que los dirigentes del PP no caigan en la trampa política y la felonía moral de secundar a ETA en esa maniobra.