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La batalla eléctrica

El PP acusa al Gobierno de promover "una de las intervenciones políticas más irregulares"

El PP se sirvió ayer de la oferta pública de adquisición (OPA) que Enel y Acciona se plantean lanzar sobre Endesa para arremeter contra el Gobierno, al que acusó de promover la operación en "una de las intervenciones políticas más irregulares de la historia de la democracia", en palabras del secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete.

"Endesa, que era una compañía que se había privatizado, vuelve al sector público, se renacionaliza en favor de Italia. Esto es lo que está propiciando Zapatero", ya que Enel está participada por el Gobierno italiano, afirmó Arias Cañete en Huesca, en una reunión con empresarios y agricultores, dentro de la campaña preelectoral de su partido.

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La CNMV prohíbe a Enel y Acciona lanzar una oferta por Endesa hasta octubre

Los populares celebraron que el Consejo de Administración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya decidido no autorizar ninguna OPA sobre Endesa hasta seis meses después de la liquidación de la oferta de la alemana E.ON, que además podrá mejorarla. Esta medida, que frena los planes de Enel y Acciona y da aire a la operación del grupo germano, fue calificada de "correcta" por Arias Cañete, quien consideró que "restablece cierto equilibrio" en la lucha por el control de Endesa.

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, también aplaudió esta decisión, mientras que el portavoz económico de la formación, Vicente Martínez Pujalte, tachó de "estafa" para los accionistas minoritarios que vendieron a menor precio a la empresa italiana y a Acciona.

En cualquier caso, para el PP "todo lo ocurrido integra un conjunto de actuaciones irregulares que podrían dar lugar a responsabilidades". El PP pedirá que comparezca en el Congreso de los Diputados el vicepresidente económico, Pedro Solbes, el ministro de Industria, Joan Clos, y el presidente de la CNMV, Manuel Conthe.

Clos negó cualquier intervencionismo y recalcó que los movimientos de los accionistas son "su responsabilidad y su riesgo", que asumen "para optimizar sus oportunidades y posibilidades". El ministro limitó la actuación del Gobierno en la batalla por el control de Endesa a "aspectos regulatorios" del sector eléctrico. "Nosotros no intervenimos en las relaciones empresariales. Cada uno en su papel", concluyó.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también se mostró ayer contundente ante las acusaciones del PP: "El Gobierno no interviene ni ha intervenido en ninguna de esas actuaciones, que están llevando a cabo con arreglo al principio de libertad de empresa y de mercado las distintas empresas" involucradas.

Por su parte, el portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, defendió que Endesa quede en manos españolas y que los centros de decisión de Endesa permanezcan en España. Sánchez Llibre indicó en un comunicado que CiU "siempre ha respetado las decisiones del mercado", pero también ha defendido "que una compañía como Endesa no deslocalice sus centros de decisión". El democristiano reclamó a la CNMV que "actúe con rapidez y pida garantías financieras y los avales oportunos a Enel y Acciona para que los depositen inmediatamente".

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