Es la independencia judicial, estúpido

La recusación por parte del PP del magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps es uno de los hechos más graves que han ocurrido en la historia judicial de este país desde que España es una democracia. Y lo es por muchas razones: porque la gente pierde con ella; porque aleja aún más cualquier intento de acercamiento entre el PP y el PSOE; porque afecta a la vertebración del Estado de las Autonomías; y porque pone en cuestión el núcleo duro de nuestro Estado de derecho, la independencia judicial.

Es posible que el Partido Popular piense que con esta recusación se apunta un nuevo tanto en su estrategia de acoso y derribo de todo lo que esté en pie con la finalidad de desgastar al gobierno. Sin embargo, estamos ante un nuevo ejemplo de mala previsión estratégica por parte de los líderes de este partido político. En realidad, también el PP sale perdiendo, y mucho, con esta recusación. Teniendo en cuenta la situación, probablemente sea conveniente volver a recordarle al PP por qué interesa a los políticos (incluidos a los del primer partido de la oposición) la independencia judicial.

La mayor parte de la gente parte de la base de que a los políticos lo único que les interesa es maximizar su poder. Cuanto más tengan, mejor para ellos. Sin duda esta es la perspectiva que ha adoptado el PP cuando decidió recusar al magistrado en cuestión. Da la impresión de que para el PP, los tribunales de justicia solamente valen en tanto en cuanto constituyen un instrumento para afianzar la influencia de los políticos. Interesa sin embargo "reorientar" su independencia cuando, por el contrario, los tribunales se desvían de los planes o finalidades trazados por aquellos.

Esta visión es bastante certera: a los políticos les interesa, sin duda alguna, acumular poder. Pero que sea certera no significa que sea completa. Y es incompleta porque, además del poder, a los políticos también les interesa una cosa en la que el PP probablemente no haya reparado: tener capacidad para no decidir.

Efectivamente, tener capacidad para no decidir es tan importante para los políticos como tener poder para hacerlo. Ello es enteramente racional. Si pensamos en ejemplos de la vida cotidiana, nos damos cuenta de que a menudo nos encontramos en situaciones en las que en realidad lo que queremos es que otros decidan por nosotros. El entorno familiar está lleno de estos ejemplos. Cuando nuestro hijo nos pide algo que sabemos que no podemos darle, la respuesta, casi inefable, es "habla con tu madre". Para nosotros nos guardamos, sin embargo, los premios. Si nuestro hijo lo hace bien y queremos recompensarle por ello, es mucho menos habitual que le reconduzcamos a otra persona para que sea ella la encargada de otorgarle la dádiva en cuestión.

Maquiavelo apuntaba que "los príncipes deben encomendar a los demás las tareas gravosas, y reservarse las agradables". Ello sirve de base para explicar la emergencia de los tribunales. Con los tribunales, los gobernantes pueden conservar para ellos el derecho de gracia, dejando para aquellos el poder de imponer penas y sanciones. No obstante, para que este mecanismo de delegación funcione, una condición es indispensable: que el que impone la pena, el juez, no solamente parezca independiente, sino que además lo sea en realidad. En caso contrario, nunca será creíble cualquier admonición sobre la falta de capacidad de decisión que los políticos hagan en relación con los asuntos que más resentimiento y división engendren en una sociedad.

En la recusación del magistrado Pérez Tremps, los indicios de colusión ("pacto ilícito en daño de tercero", de acuerdo con la Real Academia Española) entre el PP y al menos varios de los seis magistrados que votaron la misma afirmativamente son más que evidentes, aunque solamente sea porque tres de esos seis magistrados votaron a la inversa en relación con exactamente la misma cuestión tan solo unos meses antes. La única hipótesis que cabe construir en esta situación se puede formular a modo de contrafáctico: si el PP no hubiera maniobrado para que los magistrados del Constitucional cambiaran su voto, hoy Pérez Tremps no habría sido recusado. Las presiones del PP contra los magistrados recusantes son pues la única explicación razonable de este resultado.

A partir de aquí, el problema que se plantea es que va a ser completamente imposible que alguien se crea que no ha habido manipulación política si el Tribunal Constitucional decide anular, en todo o en parte, el Estatut de Cataluña. Ello arroja una paradoja bien interesante: la única manera que tendrían los magistrados recusantes de lavar su imagen y teñirla, de nuevo, del color neutro de la independencia judicial, sería no poniendo trabas a la constitucionalidad de ese texto legal. Cualquier otro resultado será tildado, y con razón, de "politización de la justicia".

Pero lo más grave es que la cuestión trasciende, con mucho, de cuál sea el destino del Estatut. A muchos nos inquieta, y cada día más, la eventualidad de que este PP extremo-duro vuelva a hacerse con el gobierno de España. Sin embargo, por la propia naturaleza de las cosas, llegará el día en que esto vuelva a ocurrir. En ese momento, con el PP de nuevo en el gobierno, maniobras orquestales en la oscuridad como la recusación de Pérez Tremps pesarán, sin duda, en el debe de su ejecutoria. En efecto, si estando en la oposición fueron capaces de manipular de forma tan grosera al Tribunal Constitucional, ¿qué no serán capaces de hacer estando en el gobierno? Con ello, el PP está dejando de contar, por decisión propia, con uno de los mayores aliados de los gobiernos, los jueces, a los que necesitará cuando no quiera pronunciarse en relación con cuestiones sobre las que sea doloroso tomar decisiones. Aunque solamente fuera porque, como señalaba Maquiavelo, la independencia judicial es una de las maneras que tiene el príncipe de "huir de las cosas que lo hacen odioso y despreciable", el PP debería evitar actuar antes de pensar también en este terreno.

Antonio Estella es profesor titular de Derecho Administrativo, UC3M.