El CGPJ alteró la composición de la sala que juzga a Batasuna al retrasar dos nombramientos

El Consejo General del Poder Judicial, presidido por el conservador Francisco Hernando, retrasó la notificación al Gobierno para su publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de dos de los cuatro magistrados del Supremo designados el 20 de abril de 2005. Esa tardanza provocó que un magistrado propuesto por los conservadores integrara la Sala Especial que ilegalizó Batasuna y que ahora liquida sus bienes. Si los cuatro nombramientos se hubieran notificado al Ejecutivo el mismo día, ese puesto en la Sala del 61 hubiera correspondido a una magistrada progresista.

La Sala del 61 está integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de cada una de sus cinco salas (Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar) y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Para determinar la antigüedad de los magistrados del alto tribunal, en caso de que los nombramientos se produzcan el mismo día, el artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los que no sean jueces de carrera (abogados, fiscales y catedráticos que acceden al puesto por el llamado quinto turno) se incorporarán al escalafón "ocupando el último puesto en la categoría de magistrado del Supremo".

Un acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces del 14 de enero de 1992 aclara lo que ocurre en caso de que se designe el mismo día a varios magistrados que no proceden de la carrera: se considera más antiguo a efectos de escalafón al de mayor edad.

El pleno del Consejo aprobó el 20 de abril de 2005 el nombramiento de cuatro magistrados para la Sala de lo Civil del Supremo. Dos de ellos, José Antonio Seijas (propuesto por los progresistas) y Antonio Salas (de la conservadora APM) son jueces de profesión. Los otros dos, Vicente Luis Montés (de los conservadores) y Encarnación Roca (progresista), son catedráticos.

Aplicando el artículo 347 de la LOPJ y el acuerdo de la Comisión Permanente, la magistrada a la que correspondía integrar la Sala del 61 como miembro más moderno de la Sala de lo Civil era Encarnación Roca, apoyada por el vocal a propuesta de CiU Alfons López Tena y por Monserrat Comas, propuesta por el PSOE. Sin embargo, quien finalmente formó parte de la sala que ilegalizó Batasuna fue el conservador Antonio Salas.

Salas pasó a ser el magistrado más moderno de la Sala Civil y, por tanto, a tener un puesto en la Sala del 61 debido a un retraso en la notificación de los nombramientos al Gobierno. El Consejo envió al Ministerio de la Presidencia (de quien depende la publicación de los acuerdos) el 6 de mayo de 2005 las designaciones de los magistrados que no procedían de la carrera (Vicente Luis Montés y Encarnación Roca). Esa notificación cita únicamente el acuerdo de la Comisión Permanente de 1992 para pedir que el que nombramiento de Montés constara como más antiguo que el de Roca en atención a que aquel tenía mayor edad. Una semana después, coincidiendo con la fecha en que esos dos nombramientos se convirtieron en oficiales (el 13 de mayo), el Consejo envió una segunda notificación pidiendo la publicación de los dos magistrados procedentes de la carrera (José Antonio Seijas, progresista, y Antonio Salas, conservador). Así, en lugar de ser designada Roca, propuesta por los progresistas, como magistrada más moderna de la Sala Civil -la que debía haberlo sido al ser la más joven de los dos magistrados no procedentes de la carrera-, fue Salas, propuesto por los conservadores y de extracción judicial, pasando a conformar la sala encargada de la ilegalización de Batasuna.

El Consejo, actualmente en funciones ya que su mandato terminó el 7 de noviembre, cambió el criterio que utilizó en 2005 en los nombramientos del pasado 31 de enero, cuando fueron designados magistrados de la Sala Penal del Supremo el progresista Luciano Varela, juez de carrera, y el conservador Manuel Marchena, fiscal que accedió al cargo por el quinto turno. Esta vez no hubo retrasos y el Consejo notificó al Gobierno los dos nombramientos al mismo tiempo para su publicación. La carta enviada a Presidencia no hace referencia al acuerdo de la Comisión Permanente que sirvió para establecer la antigüedad en las anteriores designaciones; sólo cita el artículo 347 de la LOPJ, lo que, esta vez sí, convirtió al conservador Marchena en el más moderno de la Sala Penal y, por tanto, en integrante de la Sala del 61.

Los vocales progresistas instarán en el próximo pleno del Poder Judicial al presidente a que explique este cambio de criterio.