32 empleados de una empresa estuvieron expuestos a un agente cancerígeno sin saberlo

La Inspección de Trabajo ha decretado, tras una denuncia de CC OO, que la empresa textil Poliseda deberá velar hasta el año 2047 por la salud de 32 de sus empleados, a los que dejó expuestos al amianto en las obras de demolición de su fábrica en Alcalá de Henares. La empresa está obligada a realizar pruebas y seguir la evolución de sus trabajadores durante 40 años, periodo en el que las fibras de este mineral pueden causar cánceres mortales. Además, Trabajo ha encontrado que 100 de las 232 obras en edificios con amianto, un 43%, incumplían la normativa. Nueve de ellas serán multadas.

El amianto es un mineral que durante décadas fue una panacea: barato, ligero, resistente, maleable e ignífugo, fue masivamente usado desde los años cincuenta en todo el mundo como aislante en la construcción y la fabricación de maquinaria. Todas estas ventajas, sin embargo, no evitaron que en 2004 fuera prohibido su uso: aunque inofensivo cuando permanece estable, el amianto supone un grave riesgo cuando es manipulado y libera fibras microscópicas. Éstas, al ser aspiradas, pueden incrustarse en los pulmones y causar -hasta cuatro décadas más tarde- cánceres mortales en pulmones, pleura o peritoneo (membrana que recubre los órganos abdominales).

El caso de Poliseda es un ejemplo de los problemas que el amianto supone hoy. Su fábrica, construida en 1964 y con amianto en su interior, empezó a ser demolida en octubre de 2005. Además, la factoría contenía amianto friable, el más peligroso para los trabajadores y usado para recubrir tuberías.

La empresa cumplió en un primer momento la normativa vigente, que obliga a elaborar un plan especial "para retirar el amianto sin poner en riesgo la salud de los trabajadores y de la población residente cercana", explica Javier Vallejo, director general de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer.

Compañías autorizadas

Este plan debe ser ejecutado por alguna de las 84 compañías autorizadas en la región para manipular amianto y requiere la aprobación de Empleo tras sendos informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo.

En total, según Vicente Mora, jefe provincial de la Inspección de Trabajo, en 2006 fueron presentados en la región 208 planes para acometer obras en instalaciones con amianto. Sobre ellos, de oficio o tras la denuncia de los sindicatos, Inspección llevó a cabo 232 actuaciones. "En 100 se encontraron infracciones de seguridad con el manejo del amianto", explica Mora. En estos casos, Trabajo presenta a la empresa un requerimiento para que subsane las deficiencias. "En nueve casos, sin embargo, las compañías no actuaron diligentemente y se ha abierto un expediente sancionador", añade.

En estos casos, como en Poliseda, el expediente lleva aparejada la suspensión de las obras. Fuentes de Trabajo señalan que "Poliseda empezó bien el proceso, pero luego encontraron más amianto en lugares no previstos". A partir de ese hallazgo, a finales de octubre la empresa incumplió la normativa, al no proteger la salud de los trabajadores y seguir desescombrando.

CC OO denunció el caso y ahora el Gobierno regional ha obligado a la empresa a reelaborar el plan original. Según la resolución de la Inspección de Trabajo, al menos 32 trabajadores ajenos a la demolición -y, por tanto, sin la formación y equipos necesarios para evitar los riesgos de exposición al mineral- trabajaron en el desmontaje de maquinaria y tuberías con amianto. Pudieron estar expuestos, así, a las fibras del agente cancerígeno.

Por ello, Trabajo obliga ahora a la empresa a someter a estos empleados a análisis y controles médicos periódicos para vigilar su estado de salud durante los próximos 40 años.

Poliseda, mientras, tiene desde el 9 de enero paralizada la desmantelación de su fábrica, ubicada a 400 metros de un colegio y a un kilómetro de las primeras viviendas. "El riesgo de exposición de esa población que habita en el entorno de la fábrica es casi nulo. El amianto está todo dentro de la fábrica y el viento no lo puede propagar", explica Carmelo Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO-Madrid. La empresa deberá elaborar un nuevo plan de actuación y, hasta que no sea aprobado, mantener aisladas las zonas de riesgo.

Ángel Cárcoba, de CC OO, asegura que casos como el de Poliseda -"en el que la Comunidad no intervino hasta la denuncia que presentamos"- ilustran "el incumplimiento generalizado de la normativa sobre amianto que sufren los trabajadores en Madrid ante el escaso control del Gobierno regional".

Empleo y la Inspección de Trabajo, en cambio, sostienen que en la región "se está aplicando de forma estricta la normativa para proteger a los trabajadores". Vallejo asegura que "en 2006 había 114 inspecciones programadas y se llevaron a cabo 232, más del doble". "Para 2007 tenemos previstas más de 150 inspecciones", añade.

El incumplimiento de la normativa sobre amianto es sancionado como una falta grave o muy grave sobre la salud de los trabajadores. Las multas por infracción grave oscilan entre 1.500 y 180.000 euros; las muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros.