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Iberdrola rechaza que ACS tenga votos por más del 3% de su capital

La eléctrica pide a la CNE que la ley se aplique como en otros casos

La eléctrica Iberdrola no quiere que ACS tenga derechos políticos en su capital por encima del 3% mientras sea también accionista de Unión Fenosa. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán presentó ayer sus alegaciones a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en relación con la petición del grupo constructor, que pedía ejercer derechos políticos por toda su participación (el 10%) en la junta de accionistas de Iberdrola.

Fuentes de la eléctrica aseguran que esas alegaciones no suponen un enfrentamiento abierto con el grupo que preside Florentino Pérez y que éste estaba al tanto de que la compañía se iba a pronunciar en contra de su solicitud. "Seguimos manteniendo buenas relaciones", aseguran. En el grupo constructor también sostienen que la situación es pacífica.

Iberdrola explica que simplemente ha pedido que, como en anteriores casos, se aplique la ley. Ésta limita al 3% el ejercicio de los derechos políticos simultáneamente en dos compañías competidoras para la toma de sus decisiones clave. ACS es el primer accionista de Unión Fenosa, con una participación superior al 40% y tiene también un 10% de Iberdrola (más derivados por otro 2,3%).

Iberdrola quiere que la norma se aplique como en ocasiones anteriores, en que se ha obligado a elegir en qué compañía se ejercen los derechos políticos por más del 3%. La Caixa tuvo que elegir entre Endesa y Gas Natural, y el BBVA tuvo que renunciar a votar en las juntas de Repsol YPF al optar por Iberdrola. El banco, incluso, tuvo que abandonar el consejo de la petrolera. Consciente de ello, ACS nunca solicitó permiso a la CNE para poder sentarse en el consejo de Iberdrola y asegura que se siente bien representado por el presidente, Ignacio Sánchez Galán, con el que Florentino Pérez mantiene contactos habituales.

La CNE resolverá previsiblemente en dos semanas (el 15 y el 23 de febrero son las fechas manejadas por las partes). Tiene la posibilidad de conceder derechos políticos limitados a ACS para cuestiones que no tengan que ver con las cuestiones estratégicas ni afecten a la competencia o a los consumidores, sino sólo con la protección de los derechos de los accionistas minoritarios. Iberdrola cree que en general cualquier puerta abierta a un mayor poder de ACS (la capacidad de convocar una junta con un 5% del capital, por ejemplo) puede traducirse en un potencial obstáculo para la gestión de la compañía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de febrero de 2007