Las remesas como factor de desarrollo

Un crecimiento esponencial.

EL DINERO que los inmigrantes que residen en España envían a sus países de origen no para de crecer. Según los últimos datos del Banco de España, en los 10 primeros meses del pasado año, las remesas superaron por primera vez los 5.000 millones de euros (lo que augura que llegarán a 6.000 millones en el conjunto del ejercicio), con un crecimiento superior al 34% con relación al mismo periodo del año anterior. Ello significa que la salida de dinero de España, en forma de remesas, pesa ya más de un 10% en el déficit por cuenta corriente de nuestro país y representa en torno al 0,4% del PIB.

El volumen de remesas en el mundo es superior a la ayuda oficial al desarrollo y a la inversión extranjera directa dirigida a los países en desarrollo. Los inmigrantes son un agente económico de primera magnitud

Este flujo de dinero privado, en el conjunto del planeta, es espectacular y a veces no se le da la relevancia que tiene. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el volumen total de remesas en el mundo durante 2005 (últimos datos disponibles de un ejercicio completo) ascendió a 180.000 millones de dólares (alrededor de 140.000 millones de euros), cifra superior a la representada por la ayuda oficial al desarrollo y a la inversión extranjera directa dirigida a los países en desarrollo. El mayor emisor de remesas en 2004 fue la UE en su conjunto, con más de 43.000 millones de dólares, seguido de Estados Unidos, con 37.700 millones. España se sitúa en el quinto lugar de esa clasificación.

Por la cantidad en sí misma, que es muy relevante, y por el impacto en los procesos de desarrollo de los países de origen, la Administración española está muy interesada en facilitar el flujo de remesas de inmigrantes. A ello se debe el acuerdo firmado a principios de año entre las secretarias de Estado de Cooperación Internacional y de Migraciones, Leire Pajín y Consuelo Rumí, con los presidentes de las patronales bancaria y de las cajas de ahorro, Miguel Martín y Juan Ramón Quintás. Más allá de la literatura, las partes se comprometen a utilizar la experiencia histórica de nuestro país, en este caso como receptor neto de capitales, de nuestros emigrantes en el exterior. Pocos días después de esa firma, el Banco Santander ha anunciado que a partir de ahora no cobrará comisiones a los inmigrantes-clientes por las remesas enviadas.

Hay una serie de obstáculos que las remesas deben sortear para "convertirse en auténtico motor de desarrollo", en palabras de Leire Pajín. Primero, el excesivo coste de las transferencias: un informe oficial del G-8 (grupo de los siete países más ricos del mundo, más Rusia) estima el coste medio de las remesas entre un 10% y un 15%, lo cual limita los flujos disponibles para la inversión en el país receptor. Según cálculos de la Secretaría de Estado de Migraciones, la reducción de un punto porcentual en la comisión aplicada por los intermediarios financieros sobre las remesas llevaría a los países de destino 50 millones de euros más al año. Se apela a algunas experiencias: así, EE UU consiguió reducir el coste de envío de sus remesas con México en un 56%, en parte gracias a la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos, que obliga al desglose del coste de la remesa (tipo de cambio, referencia aplicada para calcular la desviación, costes adicionales, etcétera). Otros obstáculos son la carencia de la necesaria cobertura geográfica de las instituciones financieras en los países receptores, la ausencia de la necesaria cultura bancaria, la falta de mecanismos para potenciar el impacto de las remesas en el desarrollo, etcétera.

El Gobierno enmarca este tipo de compromisos para mejorar el sistema de envío de remesas, ampliando la transparencia y la competencia del mercado (entre instituciones financieras clásicas y las empresas remesadoras), en la llamada Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza (IHM), suscrita a partir de 2004 por los presidentes de Brasil, Chile, Francia, España, Alemania, Argelia y Suráfrica. Se trató de la búsqueda de mecanismos innovadores de financiación para complementar la ayuda oficial al desarrollo, y poder cumplir con los objetivos del milenio de la ONU (reducir a la mitad los niveles de pobreza en el mundo antes del año 2015).