El área de golf del Gobierno regional en Chamberí obliga a modificar el plan general

La Comunidad de Madrid decidió el jueves declarar de interés general la construcción de un centro deportivo (con golf) en los terrenos del Canal de Isabel II en Chamberí. Con esta estratagema puede saltarse los límites impuestos por la licencia municipal, e ignorar el informe desfavorable que el pasado 1 de diciembre emitió la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) sobre la modificación de licencia solicitada por la Comunidad de Madrid, después de que el Ayuntamiento le ordenara parar las obras. Ahora, el Consistorio no fiscalizará los trabajos, pero deberá adaptar el plan general al proyecto. Ayer, unos 400 manifestantes reclamaron que se paren las obras.

"El golf no es de mi interés general", rezaba ayer la pancarta que sostenía un niño frente a la estatua de Rizal, en la avenida de las Islas Filipinas (Chamberí). Unas 400 personas del barrio se manifestaron por la tarde en contra del área de golf de gestión privada que el Gobierno regional está construyendo en el distrito sobre un antiguo depósito de agua, junto al parque de Santander.

Los manifestantes estaban indignados por el argumento utilizado por el Gobierno regional de que las obras responden al "interés general". A falta de altavoz, un vecino se puso las manos en la boca para captar la atención: "¡Esperanza Aguirre declaró ayer que la zona es de interés general...!", empezó el hombre a gritos. Gran abucheo y grito unánime de "¡Estafa, estafa!".

En 2003, el Gobierno regional prometió que en la zona, bastante escasa en parques y jardines, habría un parque público. Pero la promesa quedó en nada, y en vez de parque habrá un campo de golf de césped artificial de nueve hoyos pitch and putt -de reducidas dimensiones- y un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiros. En los terrenos ya se levantan unas enormes torres a 30 metros de altura destinadas a sujetar las redes de protección para que las pelotas de golf no se salgan y le den a algún paseante en la cabeza.

"Si a cualquier vecino de Chamberí le dices que haga una lista con sus 50 prioridades para el barrio, te puedo asegurar que ninguno pondría un campo de golf", denunció Diego Cruz, presidente de la asociación de vecinos El Organillo, una de las convocantes de la marcha. A la protesta también acudieron los concejales socialistas Carmen Sánchez Carazo y Óscar Iglesias. Éste explicó que el pasado 16 de octubre el Consistorio detectó distintas irregularidades cometidas por el Gobierno regional en las obras y obligaba a la demolición de lo ya construido en un plazo de dos meses. "Esto no es una obra de interés general, es un negocio privado en el distrito con menos zonas verdes de todo Madrid", criticó Iglesias.

"Raya en el delito"

La concejal de IU Concha Denche denunció también que el Gobierno regional había impuesto su criterio "y la insumisión a los dictámenes de disciplina urbanística". "Se han dado una patente de corso que raya en el delito", agregó. Denche se quejó de que el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre "ha hecho una distorsión de la norma, que está pensada para cuestiones de excepcionalidad y para grandes infraestructuras, con el fin de saltarse los trámites".

Entre los impedimentos que encontró el Gobierno regional para sacar adelante sus obras estaba el informe desfavorable de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN). El depósito de agua que existe en esos terrenos está protegido y por eso era necesaria la intervención de esta comisión, a la hora de decidir si otorgaba una nueva licencia al Gobierno regional con las modificaciones del proyecto.

La comisión obligaba en su informe al Canal de Isabel II a eliminar "las plataformas de bolas de golf y los postes que sujetan las redes". También recalcaba que "el cerramiento incumple las determinaciones establecidas" en el plan general.

Además, un informe, de fecha 27 de diciembre de 2006, del subdirector general para la Gestión Privada argüía que las actuaciones no eran viables, porque es necesaria "la tramitación de un plan especial para su implantación [instalación de campo de golf y sus pistas de entrenamiento]".

Un portavoz del Ejecutivo regional explicó que la declaración de interés general está argumentada sobre la base del artículo 161 de la Ley del Suelo. Éste regula los actos promovidos por las administraciones públicas y las habilita a establecer un procedimiento diferente para las obras "urgentes o de excepcional interés público".

"El objeto es que el planteamiento deportivo no fuera utilizado sólo por los vecinos del barrio, sino que entendemos que puede ser para uso y disfrute de cualquier madrileño", comentó el portavoz.

En la práctica, en lugar de someterse a las normas urbanísticas, el Gobierno regional impone un proyecto que obligará al Ayuntamiento a modificar el plan general para incluirlo en sus normas urbanísticas. Así lo indica el artículo 161 y también lo admitieron ayer fuentes de la Concejalía de Urbanismo.