Laberinto hídrico

Las controvertidas reformas estatutarias auguran una Conferencia de Presidentes Autonómicos movida. De entre todas sobresale la del agua. Porque desear mayor autogobierno o cuestionar el modelo de Estado no es sino repensar lo que el hombre ha establecido. Pero pretender gestionar el trozo de río que atraviesa la región administrada es otra cosa. No se cuestionan decisiones de nuestros ancestros. Lo que se discute es el orden establecido por la Naturaleza. Y ello, lo dice la historia, se paga.

Una historia que comienza en los albores del pasado siglo. El hombre, ufano y crecido por el avance de su saber, pretende dominar la Naturaleza con grandes obras. Un ejemplo paradigmático es la presa de Aswan, demagógicamente vendida allá por los sesenta como la barrera contra el hambre en Egipto. No en vano puede almacenar 169.000 hectómetros cúbicos, el triple que todos nuestros embalses. Sin embargo, hoy la presiden más sombras que luces. El mítico Nilo, retenidos sus sedimentos, ni de lejos es lo que fue. Sus márgenes han perdido fertilidad y su histórico delta agoniza. Por el contrario, los beneficios esperados (regulación de agua y generación de energía) no han satisfecho las expectativas creadas.

Los nubarrones no van a escampar mientras cada cual avive el fuego en la dirección que le conviene

Así, pues, esta historia tiene cien años. Hasta entonces la acción del hombre no había perturbado el equilibrio natural. Por ello nadie hablaba de desarrollo sostenible, ni sabía lo que es un impacto ambiental o una agricultura ecológica. Ni falta que hacía. Pero en pocas décadas un hombre embriagado de soberbia distorsiona más la Naturaleza que todas las generaciones que le precedieron. Y efectos secundarios en los que nadie reparó, cambio climático incluido, comienzan a aparecer por doquier.

Y en éstas se está cuando a los desmanes técnicos impulsados por una desmesurada ambición podrían añadirse los políticos. En adelante no sólo con presas podría seccionarse un río. Las reformas propuestas, de seguir adelante, permitirán su fraccionamiento administrativo y al tiempo derrumbarán el vetusto edificio de nuestra política hídrica. Porque hasta ahora, el credo poco importaba, los políticos coincidían en el fondo (falta agua) aunque no en la forma (trasvases o desaladoras). Pero blindar ríos es otra cosa. Es una guerra geográfica, no de credos, un torpedo en la línea de flotación del Estado. Porque en este nuevo marco, un bien público con propietarios, ¿tiene sentido la caja única? Y los nubarrones no van a escampar mientras cada cual avive el fuego en la dirección que le conviene. Nadie resiste la seducción del voto fácil.

Los mensajes de las partes atienden dos reglas. Sencillez y pulsar la fibra autóctona que propicie el agravio. Y así las cuencas receptoras hablan de solidaridad (nos niegan hasta el agua que se pierde en el mar) y del colapso económico derivado de la falta de agua, ignorando que una gestión basada en principios de sostenibilidad y una adecuada ordenación del territorio acabaría con las más de sus tribulaciones. Mientras, las cedentes, de menor renta por razones climáticas que no por falta de agua, intentan blindar sus ríos "para garantizar los derechos de las futuras generaciones y en atención a principios de sostenibilidad", algo difícil de entender. Aragón se reserva para su uso exclusivo 6.550 hectómetros cúbicos, una enorme cantidad que duplica el consumo total de una comunidad que les cuadruplica en habitantes, la valenciana.

El futuro, pues, se atisba sombrío. Mayormente porque posiciones tan encontradas son amplificas por una sequía ensañada con Valencia y Murcia, las regiones agraviadas con las reformas propuestas. Y como cada cual esgrime las razones que le convienen mientras ignora las que le perjudican, el conflicto, sobre todo con las elecciones autonómicas a la vista, irá a más. Y pocos lo entienden. La superposición sin orden ni concierto de la vieja política (agua subsidiada, ausencia de control, etcétera) con los nuevos conceptos de sostenibilidad propicia el tótum revolútum que nos preside, un laberinto del que va a ser difícil salir.

Y mientras se ignoran (no da votos) graves problemas. Ahí va un catálogo apresurado: 1. Política tarifaria inexistente. 2. Administración obsoleta. 3. Contaminación creciente. 4. Descontrol de los usos (el gasto se conoce ¡por estadísticas del INE!). 5. Descontrol de los recursos (un millón de pozos ilegales). 6. Perversos procesos de privatización. 7. Por la falta de políticas de ordenación del territorio, competencia entre usos urbano y agrícola. 8. Defectuoso mantenimiento de infraestructuras. 9. Guerras entre cuencas. 10. Recursos convencionales (ríos y acuíferos) exhaustos. 11. Trasvases con fecha de caducidad y concesiones que superan la aportación natural del río. Unos problemas cuya solución exige adoptar medidas tan necesarias como impopulares y que por ello sólo justificando previamente la necesidad de recetar ricino, tarea larga y compleja, son abordables. No extraña que el político, como el alumno que comienza el examen resolviendo los ejercicios cortos y fáciles, afronte primero los problemas que le convienen y aplace los que convienen.

El agua soporta hoy una tensión política brutal. Su gestión debiera sintonizar con el medio natural pero, al compás del oportunismo político, las propuestas van en sentido contrario. Y así antes que disgregar competencias, habría que agregarlas. Como en Australia, también país de hidrología semiárida. Sabedores de que un único timón propicia navegar con rumbo firme y certero acaban de concentrar las responsabilidades en una Oficina del Agua. Y después, para poder hacer lo que se debe hacer, educar al ciudadano. Conviene repetirlo porque hay mucho en juego. Sobre todo si se cumple la predicción del estudio sobre cambio climático más completo hasta ahora realizado, y que en breve se presentará en París. Los recursos de las cuencas mediterráneas pueden menguar un 30%. Blindar un río no es, pues, un problema más dentro del complejo puzzle autonómico. Condiciona la pervivencia de las generaciones futuras y viola la Directiva Marco del Agua. Demasiado como para tratarlo sólo en clave política.

Enrique Cabrera es catedrático de Mecánica de Fluidos en el Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia.