Voluntad manifiesta de matar

La dificultad de combatir eficazmente la violencia que se ejerce contra las mujeres procede de la concurrencia de muchas circunstancias, entre las que habría que destacar:

1ª El efecto disuasorio prácticamente nulo que tiene sobre el agresor el castigo que la sociedad le va a imponer casi de manera inmediata. Quien mata a su mujer sabe que no tiene la más mínima posibilidad de que su crimen quede impune. Y sin embargo, la tipificación del delito en el código penal y el aumento de las penas no inhibe en estos casos la voluntad manifiesta de matar del agresor. Falla, en consecuencia, de entrada lo que la ley penal pretende conseguir.

2ª El número extraordinariamente alto de portadores de esa voluntad manifiesta de matar, que conocemos en términos generales, pero que no podemos individualizar hasta que han cometido el crimen. Esta es la razón de que cada uno de los potenciales agresores sepa que, por muy bien que funcione el aparato represivo del Estado, es imposible que sus potenciales víctimas tengan asegurada su protección. A una voluntad manifiesta de matar no la detiene una orden de protección.

3ª El impacto relativamente reducido que las muertes por violencia de género tienen en la sociedad. Es verdad que a todos nos horroriza el número de muertes que cada año se producen, pero no lo es menos que no nos sentimos amenazados por ellas. Nadie que no sea una víctima potencial vive como algo que afecta a su seguridad personal y, por tanto, a su libertad, la noticia de una muerte por violencia de género. La soledad de las mujeres que son potenciales víctimas de violencia de género es la mayor de todas las que puede experimentar un ser humano en una sociedad por muy democráticamente constituida que esté. Intelectualmente podemos llegar a entenderla, pero en la práctica no sabemos qué hacer para evitarla.

Por todas estas razones y por muchas más que no caben en esta columna, combatir la violencia de género está siendo tan difícil, a pesar de que disponemos de una buena ley, que fue aprobada por unanimidad y de que ya hace mucho tiempo que dejó de existir la más mínima "comprensión" hacia los agresores. Desgraciadamente no han desaparecido los "remilgos" jurídicos por parte de algunos académicos y miembros del poder judicial contra la ley, que no han contribuido sin duda a que ésta hubiera podido calar con mayor intensidad. Pero aunque no hubieran existido tales "remilgos", el combate contra la violencia de género habría continuado siendo muy difícil. Porque, en último extremo, para progresar decisivamente en este terreno hay que conseguir que se reduzca significativamente el número de portadores de esa voluntad manifiesta de matar y esto dependerá de manera muy decisiva de la educación que se acabe recibiendo desde las primeras fases de escolarización. Mientras la población potencialmente criminal siga siendo tan alta como lo es en este momento, los avances que se produzcan frente a esta forma de criminalidad serán limitados.

Tengo una enorme admiración y siento un gran respeto por quienes se dedican profesionalmente, en los gobiernos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el poder judicial y en la fiscalía, a combatir esta forma de criminalidad. Hay un punto de heroicidad en el ejercicio de la función pública en este terreno que no se da, ni de lejos, en otras tareas. Sobre todo, porque la amenaza del fracaso se tiene que vivir con una intensidad extraordinaria. De ahí que haya sentido una gran alegría al enterarme de que Miguel Lorente ha aceptado ser director general de Asistencia Jurídica a las Víctimas de la Violencia. Poca gente, por no decir nadie, puede desempeñar el trabajo con la solvencia con que él puede hacerlo. Se que en este terreno no se pueden esperar milagros, pero también se que el trabajo bien hecho puede marcar la diferencia. 2006, que no ha sido un buen año, acaba, al menos, con una buena noticia.