Dos abogadas declaran que Roca tenía una "autoridad indiscutible" en el Ayuntamiento de Marbella

María Castañón y Raquel Escobar, abogadas y ex asesoras del servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella, declararon ayer como imputadas ante la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, por un convenio urbanístico firmado en 1997 por el consistorio. Ambas letradas destacaron que el supuesto cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, era el principal responsable de la firma de los convenios urbanísticos. Castañón le definió como la "cabeza visible" del consistorio con una "autoridad indiscutible" hacia los empleados municipales.

Ambas letradas fueron designadas por Juan Antonio Roca para sustituir las funciones desempeñadas por el actual jefe del servicio jurídico administrativo de Urbanismo, Jorge González. El testimonio de González ante el juez Miguel Ángel Torres en octubre de 2005 supuso el comienzo del caso Malaya, que meses después conllevó la disolución del ayuntamiento.

La declaración de las abogadas, debida a la firma de un convenio municipal con la empresa Jardines de Alicate, ahondó ayer en el papel de "alcalde de facto" desempeñado por Roca en el consistorio. Ambas ex asesoras negaron cualquier responsabilidad en la gestión urbanística en sus declaraciones, recogidas por la agencia Efe, e insistieron en que Roca era la persona encargada de negociar los convenios e impulsar la aprobación de licencias.

Raquel Escobar confirmó el modus operandi de la aprobación de licencias contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente destapado durante la operación Malaya. La letrada apuntó la existencia de "reuniones informales" de Roca con los concejales previas a las comisiones de Gobierno, convocadas por el ex asesor en las oficinas de Planeamiento. Según la abogada, en dichas reuniones se trataban todos los asuntos de licencias urbanísticas que se verían posteriormente en las comisiones de Gobierno para poner en conocimiento de los ediles los expedientes de esas licencias. Escobar aseguró que los concejales no estaban interesados en conocer la adecuación de las licencias al Plan General de 1986 y que en ocasiones, durante la celebración de las comisiones de Gobierno, la mandaban callar "porque se negaban a recibir dicha información".

Ambas ex asesoras declararon ayer por un convenio urbanístico con la empresa Jardines de Alicate, que habría supuesto un perjuicio al consistorio de 67.000 euros. La juez Rodríguez Medel les tomó declaración durante unas cuatro horas acerca de dicho acuerdo: "El convenio se hizo con normalidad. Se cedió un aprovechamiento a un particular que le interesaba comprar a cambio de una compensación económica. Desde el punto de vista jurídico se hizo todo con completa regularidad", afirmó Escobar en su declaración ante la juez, según destacaron fuentes de su defensa.