El alcalde socialista de Foz autorizó 3.600 viviendas entre enero y abril

La presión urbanística sobre la Mariña de Lugo ha batido todos los registros en el municipio de Foz. Desde hace dos años, el número de edificaciónes se ha incrementado en un 232% y el precio del metro cuadrado aumentó un 150%. El Colegio de Arquitectos de Galicia ha puesto en duda que el municipio cuente con las suficientes infraestructuras para afrontar ese crecimiento exponencial y ha pedido a la Xunta que tome medidas. Los grupos de la oposición (PP y BNG) denuncian el urbanismo desordenado que se ha adueñado del pueblo. El alcalde califica su gestión con un diez.

Justo antes de suspender la concesión de las licencias urbanísticas, el paso previo imprescindible para cualquier gobierno que quiera sacar adelante un nuevo planeamiento, el alcalde de Foz, el socialista José María García Rivera, otorgó permisos para construir 3.685 viviendas durante los próximos tres años. Si retrocedemos al momento en que se empezó a redactar el Plan General de Ordenación Municipal, hace año y medio, el gobierno local ha dado luz verde para edificar 5.750 casas en un pueblo cuyo censo no supera los 11.000 habitantes. Como en tantas otras localidades de la costa gallega, el soporte legal que ampara tanta construcción lo encontró el gobierno municipal en unas normas subsidiarias obsoletas que datan de la década de los 80 y que no fueron adaptadas a ninguna de las leyes del suelo que ha ido aprobando el Parlamento gallego, en 1997 y en 2002.

El bum urbanístico de Foz, que ha incrementado la edificación un 232% desde 2004, ha sorprendido incluso al Colegio de Arquitectos de Galicia, que días atrás hacía una llamada de atención a las distintas instituciones para que investiguen la desmesurada presión que soporta este municipio de A Mariña lucense. En un comunicado, el colegio oficial demanda a las "administraciones responsables una actuación urgente si realmente se quiere evitar que la situación devenga en una catástrofe medioambiental ya denunciada en otras partes del litoral peninsular ante instituciones europeas". En su nota, los arquitectos preguntan también si el gobierno local ha proyectado las infraestructuras y servicios para duplicar la población de Foz.

La oposición, integrada por cinco concejales del PP y uno del BNG ( el PSdeG tiene ocho ediles) cree que no y defiende que el modelo de crecimiento no podrá sostenerse durante mucho más tiempo. El portavoz del BNG, Xan Carlos González Basanta, augura graves problemas de suministro de agua y complicaciones en la depuración y la red de sumideros en cuanto los nuevos bloques de viviendas empiecen a habitarse. El concejal popular Ramón Martínez coincide en el diagnóstico y advierte de que en los alrededores del municipio comienzan a proliferar vertederos incontrolados donde las empresas están vertiendo los materiales de escombro procedentes de los desmontes. A mediados de año, el BNG reclamó sin éxito una comisión de investigación para supervisar la concesión de las licencias (3.685), de las que 2.157 fueron visadas por un mismo profesional, según el Colegio de Arquitectos.

El alcalde, José María García Rivera, prefiere ver el pueblo medio vacío. Asegura que si no hubiera tomado la decisión de suspender la construcción se hubieran otorgado otros 5.000 permisos entre mayo y diciembre. García Rivera explica que su gobierno ha desarrollado menos de la mitad del suelo urbano (42%) en un ayuntamiento que según él dispone de equipamientos para haber adjudicado otras 4000 licencias.

El regidor socialista considera que "Foz sigue siendo un pueblo ordenado que respetará escrupulosamente sus 25 kilómetros de costa" y presume de las seis playas con bandera azul que bañan el municipio. García Rivera, que en mayo volverá a presentarse a la reelección para completar 16 años de gobierno en Foz, anuncia que en enero se aprobará inicialmente el nuevo Plan General con suelo urbano para otras 6.000 viviendas más durante los próximos 15 años.

El edil nacionalista González Basanta lamenta que esa proliferación de grúas, andamios y edificios no haya conseguido hacer crecer el censo y lo achaca a la escalada del precio de la vivienda, que se ha encarecido hasta un 150 % durante los últimos cuatro años: "Los vecinos de siempre ya no reconocen el pueblo y tampoco pueden sentirse partícipes de los cambios. Estamos perdiendo nuestra identidad porque la gente ya no puede comprarse un piso aquí". El alcalde reconoce que las promotoras están pensando más en los 20.000 turistas llegados de Asturias, Madrid y el País Vasco que visitan el municipio cada verano.