El Poder Judicial se opone a que los jueces cobren por rendimiento

El Poder Judicial ha aprobado un informe que se opone a una enmienda del PSOE a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La enmienda propone que las retribuciones variables de jueces y magistrados se vinculen a su "rendimiento individual acreditado". El documento, elaborado por el vocal propuesto por el PP Enrique López sin que lo pidiera el Congreso, considera ese criterio "productivista" y contrario a los "criterios de calidad y atención personalizada".

La enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, que tiene por objeto acelerar la resolución de asuntos, medir el trabajo de los jueces y reducir el retraso, uno de los males endémicos de la justicia española, propone que las retribuciones variables por objetivos, una parte del sueldo de los jueces, se vincule "al rendimiento acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales".

Al mismo tiempo pide que se establezca la obligación de alcanzar un "objetivo normalizado" no inferior al rendimiento medio de los juzgados y tribunales en los que se integren en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la reforma. La propuesta socialista faculta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a redactar un reglamento que establezca los mecanismos de corrección de ese sistema de control de la productividad en supuestos especiales que debe pactarse con el Ministerio de Justicia.

La enmienda fue objeto de debate en la Comisión de Organización y Modernización Judicial del Consejo. Ese órgano, con los votos de tres vocales conservadores y la oposición de dos progresistas, sacó adelante un informe contrario a la enmienda redactado por el vocal propuesto por el PP Enrique López a pesar de que la elaboración de ese tipo de documentos está encomendada a la Comisión de Estudios e Informes y de que el Congreso no lo solicitó.

El informe, que se debate en el pleno de mañana, señala que la retribución variable tiene por finalidad "garantizar la independencia económica de los jueces y magistrados". Se queja de que la propuesta socialista establezca un criterio meramente cuantitativo entendiendo su trabajo de un modo "productivista" y desconociendo que su función está orientada "al otorgamiento de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos". El estudio propone otros elementos cualitativos como "la calidad y la atención individualizada".

Los asuntos pendientes en la Administración de justicia crecieron un 4% en 2005, según la última memoria del CGPJ. Las reclamaciones pendientes de tramitación alcanzaron ese año la cifra de 2.178.956.