Cultura de gobierno, cultura de oposición

Aunque pueda parecer una obviedad, es oportuno recordar que estar en el Gobierno es muy distinto que estar en la oposición. Conviene recordar esta verdad de Perogrullo a buena parte de los políticos de este país, ya que tanto en la política catalana como en el conjunto de la política española, los unos y los otros, gobernantes y opositores, a menudo no parecen asumir las responsabilidades que les impone el inapelable veredicto de las urnas.

Esto tiene una relevancia particular en el panorama actual de la política catalana. Ya con más de un cuarto de siglo de autogobierno, con casi 24 años de los sucesivos gobiernos del nacionalismo conservador presididos por Jordi Pujol y con los tres últimos años de gobiernos del catalanismo progresista presididos por Pasqual Maragall, parece que ya sería hora que unos y otros, tanto los que están en el Gobierno como los que se encuentran en la oposición, asuman con todas las consecuencias los papeles que en las circunstancias actuales les corresponde ejercer en la política catalana. Todos desde el más estricto respeto de toda la legalidad democrática, el Gobierno desde el ejercicio de sus responsabilidades políticas de gestión y también desde el debido respeto a las voces discrepantes de la oposición, y ésta desde el necesario respeto a la legitimidad democrática de quienes están en el Gobierno y también desde la labor de control de los gobernantes.

El Gobierno y la oposición tienen que asumir las responsabilidades que les corresponden por veredicto popular

No es bueno para el país que en el Gobierno surjan incidentes como los originados recientemente por quienes han intentado saltarse a la torera la legalidad vigente en el uso de símbolos oficiales, en un penoso remedo de la guerra de las banderas cortado en seco, por suerte, por el presidente Montilla. Tampoco es bueno para el país que desde la oposición se cuestione la presencia institucional de la Generalitat en la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando años atrás fue habitual la presencia en dicha celebración del entonces presidente Pujol. No es bueno para el país que surjan discrepancias públicas entre los tres socios del Gobierno de la Entesa en asuntos de gran trascendencia, pero tampoco es bueno para el país que la oposición exija que el Gobierno adopte decisiones a las que se oponen alcaldes y concejales del primer partido de la oposición.

Del mismo modo que gobernar no es estar en la oposición, estar en la oposición no es gobernar. Así es, aunque pueda ser difícil de asumir en la política catalana después de casi un cuarto de siglo de gobernación ininterrumpida a cargo de CiU y, por tanto, con casi un cuarto de siglo de estancia en la oposición por parte de los partidos de izquierdas. En democracia nadie tiene el patrimonio permanente y exclusivo del gobierno, aunque algunos parezcan ponerlo en duda. Del mismo modo, quienes asumen responsabilidades de gobierno deben ser conscientes de todo cuanto comportan estas nuevas responsabilidades políticas, no sólo en la exigencia de cumplir y hacer cumplir siempre toda la legalidad vigente, incluso en aquello con lo que se puede discrepar, sino también de ejercicio coherente y riguroso de la autoridad democrática, con todas sus consecuencias.

Por suerte, en la política catalana no hemos llegado a los niveles de crispación imperantes en el conjunto de la política española sobre todo después de las elecciones legislativas del 14-M. El Gobierno y la oposición deben esforzarse en que no se instale también en Cataluña la terrible dinámica de la crispación, impuesta en la política española por un PP que sigue siendo incapaz de asumir su derrota electoral. CiU, con un historial democrático inequívoco, no puede dejarse llevar por el radicalismo escasamente democrático de quienes de resisten a aceptar la absoluta legitimidad de un Gobierno de la Generalitat que responde a todas las exigencias democráticas. Y el Gobierno de la Entesa también debe rehuir la tentación del radicalismo resistencialista de aquellos que siguen empeñados en la práctica de algunas políticas que no se compadecen con el ejercicio responsable de la gobernación de un país.

Con un nuevo Estatuto que reconoce a Cataluña competencias y dotaciones económicas jamás alcanzadas hasta ahora y muy superiores, sin duda alguna, a las de otros países sin Estado, se abre en nuestra historia un periodo decisivo, de grandes potencialidades. La ciudadanía tiene el derecho a exigir que tanto el Gobierno como la oposición, desde sus respectivas pluralidades, asuman en plenitud las responsabilidades que les corresponden por veredicto popular.

Jordi García-Soler es periodista.