El Supremo avala que los contactos políticos con Batasuna son legales

La Sala Segunda del Tribunal Supremo avaló ayer la legalidad de los contactos políticos que dirigentes del PSE mantuvieron el 6 de julio pasado con la ilegalizada Batasuna. Esta decisión, que rechaza la querella del autodenominado sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, el secretario de Organización del PSOE y el líder del PSE, entre otros, advierte de que el control de la acción del Ejecutivo corresponde al Congreso de los Diputados, y que sería un "fraude constitucional" pretender corregir en los tribunales la dirección de la política interior o exterior, "que la Constitución encomienda al Gobierno".

La resolución del Supremo ha sido acogida con gran satisfacción por la dirección socialista, que interpreta que la Sala Segunda no se limita a avalar la reunión de los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares con Arnaldo Otegi, sino que también da un varapalo al intento de judicializar la vida política por parte del PP y de organizaciones afines, como el Foro de Ermua, que se han querellado contra el PSE y el lehendakari por aquel encuentro.

En la misma línea, los socialistas destacan que el Supremo atribuye al Gobierno la dirección política del actual proceso para el fin dialogado de ETA.

Esta interpretación se fundamenta en dos pasajes concretos del auto del Supremo, referente a la reunión del PSE con la formación abertzale: "Vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese corregir la dirección de la política interior o exterior que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado". Y este otro: "Sería impropio pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comentó, tras el Consejo de Ministros, que este auto judicial "abre un camino" y repercutirá favorablemente en otras causas pendientes de la misma naturaleza, como las presentadas por el PP contra Patxi López, y la del Foro de Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pendientes de resolución en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.