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Urbanismo salvaje

La cúpula policial niega que se haya inhibido en el 'caso Ciempozuelos'

El inspector que investiga la trama declara que no fue informado

Jesús Sérvulo González

El inspector jefe de la Brigada de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sebplac), Miguel García Izquierdo, declaró ayer al juez que instruye el caso Ciempozuelos que no tuvo conocimiento del documento que acusaba a los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos hasta el pasado 14 de septiembre. El inspector jefe culpó al inspector Vicente García Novoa de no cumplir con sus obligaciones de informar a sus superiores.

"La cúpula policial está al tanto de la trama urbanística", declaró Vicente García Novoa, inspector de policía imputado por el caso Ciempozuelos, el pasado 17 de noviembre, ante el juez que instruye el caso, según publicó ayer el diario Abc. García Novoa está expedientado por retener durante más de cuatro meses un documento que inculpaba a los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, de cobrar una comisión millonaria a cambio de recalificar unos terrenos.

Pero el jefe de García Novoa, el inspector jefe de la Brigada de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Miguel García Izquierdo, testificó ayer en el juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid) y afirmó que desconocía la existencia de los documentos que poseía García Novoa hasta el pasado 15 de septiembre. "Diez días más tarde se puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción", aseguró ayer el abogado del PSOE, Enrique Gómez.

También declaró ayer el ex inspector jefe del Sepblac, Mario Jiménez Ramos, quien recibió un fax de las autoridades andorranas alertando de una operación irregular. Según declaró Jiménez Ramos, traspasó la documentación a García Novoa para que continuara las investigaciones preliminares. Pero éste guardó el informe en un cajón durante cuatro meses. Jiménez Ramos fue destituido tres días después de recibir el fax.

Pago de 1,8 millones

En el documento se alude a un supuesto pago de 1,8 millones a los ex alcaldes Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro a cambio de recalificar terrenos. Ambos viajaron a Andorra para abrir una cuenta e ingresar el dinero.

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García Novoa manifestó durante su declaración que Jiménez Ramos le había ordenado que guardara los documentos a la espera de recibir más información de las autoridades andorranas. También aseguró que Jiménez Ramos se interesó por los documentos una vez que fue destituido, término que negó taxativamente el ex jefe de la Brigada de Prevención de Blanqueo de Capitales Jiménez Ramos.

Ambos mandos, que testificaron ayer, acusaron a García Novoa de no haber actuado con diligencia por presentar los documentos a sus superiores.

García Izquierdo aseguró ante el juez que añadió dos párrafos al informe para completar la información y remitirlo a la unidad central de la policía.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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