El PP presentará una moción en el Parlamento para frenar los derribos de edificios en Marbella

El PP reforzó ayer su rotunda oposición a la posibilidad de que se produzcan derribos de edificios en Marbella declarados ilegales por los tribunales. "Debe paralizarse cualquier decisión en la ejecución de las sentencias hasta que no se apruebe el Plan General. No se puede hablar de que se va a demoler. Esto demuestra el rotundo fracaso de la política urbanística de la Junta", denunció ayer la presidenta del PP en Marbella, Ángeles Muñoz. La Junta solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la demolición de 334 viviendas de siete promociones diferentes cuyas licencias han sido anuladas en sentencias que ya ha hecho firme el Tribunal Supremo.

El PP presentará en breve una moción en el Parlamento para paralizar las demoliciones, así como una comisión de trabajo, que represente a los grupos políticos, para estudiar los criterios consensuados que establezcan el devenir del Plan General, gestionado actualmente por la Junta después de la retirada de las competencias urbanísticas al consistorio. "No entendemos cómo se pueden plantear soluciones como las demoliciones, sin que haya habido reuniones con los afectados y se hayan aclarado los criterios", apuntó la dirigente popular.

Muñoz se mostró muy crítica con el urbanismo desarrollado por el gobierno regional a través de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella. "La Junta ha tomado las competencias urbanísticas para hacer exactamente lo mismo que Roca durante todos estos años. No entendemos que se actúe con la misma opacidad sin que haya transparencia ni taquígrafos", censuró. Muñoz criticó que el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, mantenga reuniones con diversos empresarios para revisar licencias municipales, y establecer determinadas compensaciones por promociones inmobiliarias.

El consejero de Turismo y candidato socialista a la alcaldía, Paulino Plata, opinó ayer que los derribos serán una posibilidad remota. "Me parece que va a haber muy pocos derribos, aunque no quiero meterme a adivino", comentó. Plata recordó que la última decisión al respecto corresponderá a los magistrados, y apuntó a la posibilidad de que los compradores de buena fe obtuvieran parte de sus indemnizaciones a partir del patrimonio incautado por la Policía a los anteriores regidores al frente del ayuntamiento. "En los casos en los que la demolición es la única solución posible, aquellos que se han enriquecido a costa de Marbella deberían reparar los perjuicios causados a los vecinos. Puede ser una manera para compensarles, aunque debemos ser prudentes y no hay que crear desasosiego entre los ciudadanos", señaló.

El consejero cree que los intereses de los compradores de buena fe no se verán dañados, incluso en los edificios que pudieran quedar fuera de ordenación en el nuevo Plan General que redacta en la actualidad la Junta. "Esperaremos a ver qué opina la justicia sobre los edificios que no sean regularizables, pero me imagino que quedarán fuera de ordenación hasta que con los años retorne al uso público", apuntó Plata.