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Entrevista:Emilio Pérez Touriño | Presidente de la Xunta de Galicia

"No se urbanizará a menos de 500 metros del mar"

Santiago
"La Xunta impedirá desarrollos urbanísticos a menos de 500 metros del mar", anuncia el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. "El mensaje", explica en una entrevista a EL PAÍS, "es que se acabó el todo vale, porque la costa no es de las inmobiliarias, sino de los ciudadanos". Sobre la reforma del Estatuto, Touriño confía en un acuerdo sobre la base de que "Galicia no pierda estatus en la definición de identidad en relación con las comunidades históricas".

En su despacho de la residencia oficial del presidente, en Santiago, Emilio Pérez Touriño desgrana con la precisión del gestor el programa de reformas del "Gobierno del cambio tranquilo". Pero este pontevedrés nacido hace 58 años en A Coruña salta como un resorte cuando se le plantea que no usa la osadía del político. "Estamos reformando en profundidad el clientelismo", dice.

Pregunta. ¿Cuál es su plan para Galicia?

Respuesta. La transformación y la modernización del país. En los próximos ocho años, en dos legislaturas, el objetivo es conseguir que Galicia sea un país plenamente europeo desde el punto de vista de la práctica política, de la confianza en sí mismo y también en renta y nivel de vida.

"Lo que nos proponemos es establecer normas de protección del litoral que permitan un urbanismo de calidad y sostenible"

"El futuro canon hidroeléctrico permitirá a Galicia recuperar una parte del beneficio que genera por el uso del agua"

"Galicia no puede permitirse ir para atrás mientras los demás avanzan. Es obligado el acuerdo sobre el Estatuto"

P. ¿La modernización incluye la protección de la costa frente a la invasión urbanística?

R. Galicia tiene un potencial extraordinario y una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro territorio. Una de las apuestas estratégicas como país es preservar este patrimonio. Quiero un pacto por el territorio con unas directrices de ordenación y un plan integrado del litoral.

P. Para un ciudadano común, ¿qué significa pacto de la integración del territorio?

R. Pues que queremos crecer más y mejor, pero que se acabó el todo vale. Hasta ahora se ha dejado hacer a cada uno lo que quisiera y donde quisiera.

P. Entonces no hablamos sólo de urbanismo.

R. Estamos hablando de urbanismo y de muchas más cosas. Al final, lo que nos proponemos es establecer normas de protección del litoral que permitan un urbanismo de calidad y sostenible.

P. ¿Qué límites se van a fijar?

R. Estamos trabajando en el proyecto de ley de medidas urgentes de protección del litoral en el que se establece una amplia zona de protección urbanística de la costa.

P. ¿De cuántos metros?

R. La ley actual fija una banda de protección de la costa de 200 metros. Ahora se impedirán desarrollos urbanísticos a menos de 500 metros del mar.

P. ¿Con prohibición total?

R. Afectará a todos los municipios costeros que no tengan adaptado su planeamiento urbanístico a la ley vigente de 2002, que son la mayoría. En estos municipios se evitará la construcción tanto en suelos urbanizables como en los propiamente urbanos cuando no tengan continuidad con la trama urbana. La costa no es de las inmobiliarias, es de los ciudadanos.

P. Otra de las novedades que ha anunciado es la implantación de un canon hidroeléctrico.

R. Nos hemos comprometido a definirlo y ponerlo en marcha a lo largo del 2007. Será un canon que permitirá a Galicia recuperar una parte del beneficio que genera por el uso del agua. Estamos perfilando la fórmula y hablando con las propias empresas.

P. ¿Tiene un proyecto para la Ciudad de la Cultura?

R. Tenemos un contenedor cultural de un valor arquitectónico espectacular ya casi construido. Pero esa obra monumental está totalmente vacía de proyecto. Cuando la aprobaron nadie pensó ni en el objetivo ni en el coste ni en el mantenimiento. La suerte que tenemos es que está en Santiago de Compostela, lo que le da un factor de atracción y de referencia indudable. En lo que estamos trabajando es en convertirlo en un centro de arte internacional, capaz de organizar cada año dos o tres eventos de primer orden. Queremos convertirlo en un foco de atracción que refuerce además lo que ya significa el camino de Santiago.

P. Le acusan de que tras 15 meses de gobierno aún no ha tomado una medida radical que simbolice la ruptura con el pasado. ¿Eso responde a una estrategia de prudencia o a un programa moderado?

R. Prometí en la campaña, y ganamos las elecciones, un cambio tranquilo, un cambio donde construiríamos sobre la base de lo avanzado por Galicia en tiempo anterior y eso está funcionando. Lo más sorprendente del cambio es que el mito de que sería difícil la sustitución de Fraga y el fraguismo se ha diluido en pocos meses. Ni Galicia necesita un padre espiritual ni nadie echa de menos el periodo anterior. Hemos aportado estabilidad y confianza.

P. Quizá se echa en falta alguna medida para poner coto al clientelismo.

R. También hemos dado respuesta a eso. Hemos aprobado la Ley de Transparencia, que entrará en vigor en enero. Hemos aprobado una ley de subvenciones que excluye cualquier subvención directa y somete a concurrencia toda subvención o convenio por parte del Gobierno gallego. Es una ley revolucionaria, lo que pasa es que lo decimos con tranquilidad, sin asustar a nadie.

P. Como son las relaciones con el socio de Gobierno. ¿Hay recelos?

R. Son francamente positivas, pero un Gobierno de coalición es un ejercicio permanente de aprendizaje para la búsqueda del acuerdo entre culturas políticas diferentes. Hemos hecho cosas que revelan lo fluido de la relación y lo positivo de la acción de gobierno.

P. Le culpan de haber reaccionado tarde cuando se produjeron los incendios de agosto.

R. Es una apreciación errónea. Lo tengo grabado en la memoria: fueron días muy duros y desde el primer momento estuvimos al frente. El fuego estalló un viernes y el sábado ya estábamos tomando medidas para movilizar recursos de otras partes de España. Nunca en la historia de ninguna comunidad se movilizó un nivel tan ingente de medios. Se produjo una confluencia de circunstancias extremas y los incendios rodearon núcleos urbanos, con lo que la prioridad fue salvar las casas. Se quemaron 90.000 hectáreas, una extensión similar a la de los dos años anteriores. Pero la lección es que no podemos seguir con este modelo inaguantable que nos dejaron. Necesitamos un servicio de emergencia y extinción profesionalizado, pero a la vez un monte ordenado y conservado.

P. ¿Por qué rechazó la comisión de investigación que pedía el PP?

R. Por una razón de fondo, porque el Gobierno dio la cara, aprobó medidas urgentes y, en medio de una situación muy dura, a la oposición lo único que le interesaba era una moción de censura y el desgaste del Gobierno.

P. ¿Tres meses después sigue pensando que no era necesaria ninguna dimisión?

R. Sí. No era necesaria.

P. Una de las tareas de esta legislatura es la reforma del Estatuto. ¿Habrá acuerdo?

R. La realidad es que España se mueve, se están reformando el conjunto de los estatutos de autonomía y se ha producido una reflexión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este sentido. Galicia no puede permitirse ir para atrás mientras los demás avanzan. Es obligado el acuerdo.

P. ¿El PP ha llegado a ese punto de maduración?

R. Vamos a tener ocasión de comprobarlo en breve. Nos hemos dado diciembre y enero para tratar de llegar a un acuerdo.

P. Y el PP tiene la llave.

R. Hemos dado pasos importantes porque tenemos que entendernos con el PP para reformar el Estatuto. En el encuentro con Feijóo hemos alcanzado el compromiso -es la primera vez que lo asume y lo hemos prácticamente escrito- de que en el preámbulo del Estatuto quede garantizada una fórmula propia, a pactar entre las tres formaciones políticas, para que Galicia no pierda estatus en la definición de identidad en relación con las nacionalidades históricas.

P. ¿Hoy es optimista?

R. Soy más optimista que hace un mes.

P. ¿Si no hubiera acuerdo la salida es convocar elecciones?

R. No. El programa de gobierno es un programa sólido y con una serie de prioridades. Este Gobierno nació diciendo que su prioridad principal era la ciudadanía, la igualdad, el empleo, y esa es la tarea en la que estamos. Y este Gobierno es el que ha abierto la reforma del Estatuto, pero no es responsable políticamente de que haya al final acuerdo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de noviembre de 2006