El PSOE denuncia el 'caso Porto' ante el fiscal Anticorrupción

El Partido Socialista de Madrid (PSM) remitió ayer a la Fiscalía Anticorrupción dos denuncias por sendos presuntos casos de corrupción urbanística que afectan a cargos del PP. Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, aprobó un plan parcial a pesar de que tenía intereses privados en la zona- y en Tres Cantos -donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un concejal manifiesta "sospechas de corrupción"-.

Los diputados socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla solicitan al fiscal que investigue si el ex director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, pudo haber cometido "prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios" al usar presuntamente su cargo para tramitar planes urbanísticos en los que tenía "interés económico directo".

El PSM sostiene en su escrito que la aprobación del plan parcial de Los Pocillos, en Villanueva de la Cañada, con "informes técnicos en contra", produjo un "beneficio económico" de 4,2 millones de euros a la mujer de Porto, al redactor del plan, José María Fernández del Río, y a Ricardo Ortega, concuñado del alcalde del municipio, Luis Partida (PP). También señala que la aprobación del plan benefició a la empresa Alminar de Villas, presidida por Javier Gil de Biedma, tío de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En la denuncia sobre el caso Tres Cantos, el grupo socialista informa al fiscal del contenido de unas grabaciones publicadas por EL PAÍS en las que el concejal Antonio Reino (PP) manifiesta "sospechas de corrupción" en la adjudicación a la empresa FCC del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, y sugiere que su aprobación ha estado presidida por "intereses ajenos al bien común". Poco después de hacer esas declaraciones, Reino presentó su dimisión.

Los socialistas piden que se investiguen las operaciones de compraventa de terrenos realizadas durante la aprobación del PGOU de Tres Cantos. Según el PSM, familiares de Aguirre obtuvieron, con estas operaciones, plusvalías de ocho millones de euros en menos de tres años. A juicio del PSM, las presuntas irregularidades en Tres Cantos podrían ser constitutivas de delitos de "prevaricación, cohecho, delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias".