Arnal afirma que no se sancionan las infracciones de la caza con 'parany'

El diputado autonómico de Els Verds-l'Entesa, Carles Arnal, afirmó tener "sospechas bien fundamentadas de que hay grandes cantidades de denuncias" referidas a la caza con parany que se dejan sin resolver hasta que "caducan", lo que, a su modo de ver, podría constituir un delito de "prevaricación" por parte de la administración autonómica. Así se expresó Arnal en un documento remitido a la Consejería de Territorio y Vivienda donde el diputado realiza una serie de preguntas sobre el número de denuncias presentadas y caducadas para aclarar y resolver esta situación. El diputado aseguró que, según trabajadores de la propia consejería podría haber unas 500 denuncias acumuladas en los cajones de las dependencias autonómicas. Sin embargo, Arnal dice que es imposible conocer la cifra exacta de infracciones relativas a este método de caza ya que "el director territorial de Valencia hace meses que impide que sus agentes registren formalmente los documentos".

El representante de Els Verds-l'Entesa, también acusó a la consejería de conceder de forma "arbitraria" permisos especiales a los cazadores para utilizar este método con la justificación de estar efectuando experimentos científicos. "Nunca han aclarado los criterios que se aplican para conceder las autorizaciones, ni la finalidad ni el resultado de las investigaciones" aseguró. Estas declaraciones coinciden con la apertura de la temporada general de caza 2006-2007 que ayer dio el pistoletazo de salida.

El parany, una técnica considerada ilegal por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, utiliza una materia viscosa que impregna las varillas colocadas en los árboles para atrapar a los tordos. Se trata, sin embargo, de un procedimiento que no selecciona a la presa y que afecta a especies protegidas.

La Consejería de Territorio y Vivienda intentó encajar el parany en la ley de caza después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara ilegal la orden que permitía utilizar este método. El Supremo confirmó a mediados de 2005 la sentencia del TSJ que anulaba el decreto aprobado en 2000 por el Consell para este tipo de caza.