MARI CARMEN NAVARRO

El dinero del seguro es para abogados

Como todos los días, el 4 de noviembre de 2003 Antonio Gámez, un obrero de Jaén, volvió a trabajar tras el almuerzo y 10 minutos después había fallecido. Perdió el equilibrio cuando intentó subirse a un andamio de un edificio en construcción y cayó desde un tercer piso. El albañil, de 45 años, llevaba arnés, pero como si no lo llevara. La empresa no había colocado la llamada línea de vida necesaria para poder engancharlos.

La semana pasada se suspendió, por indisposición del juez, el juicio en el que la fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de los seis responsables de la obra. Es la segunda suspensión de una vista -la primera fue en abril- que acumula un notable retraso y que ha quedado fijada para el 25 de enero.

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Accidentes laborales frente al calvario judicial

La viuda del obrero, Mari Carmen Navarro, de 45 años, no oculta su decepción por tanta demora en juzgarse un suceso que marcó su vida y la de la hija pequeña que tuvo con Antonio. "Es un calvario permanente tener que revivir los hechos sin que aún se haya hecho justicia", manifiesta. "Que paguen los responsables; quiero una sentencia ejemplarizante".

Desde que ocurrió el accidente, la viuda del obrero ha tenido que conformarse con recibir una parte del seguro obligatorio de accidente que tenía su marido, un dinero con el que tiene que pagar a su abogado. En todo caso, se trata de una cantidad muy alejada de los 180.000 euros de indemnización que pide su abogado o los 120.000 que reclama la fiscalía. La ley no contempla que los familiares de los obreros fallecidos reciban cantidad alguna hasta la celebración del juicio.

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